El desembarco del sistema acusatorio en Comodoro Py: entre la desconfianza y la crisis de vacantes

En la Procuración General domina el fastidio de que una vez más el Gobierno haya evitado todo tipo de consenso para imponer una fecha de implementación y la resignación de que deberán avanzar con miras a ese día ante algo que se presupone inevitable –virtuoso por sus defensores- pero con una clara decisión política de llevarlo adelante como ocurrió en otras jurisdicciones. Eduardo Casal busca evitar repetir la secuencia de Santa Fe en la que se negó de plano, pero luego la intermediación de la Corte Suprema permitió llevar adelante su aplicación, aunque no en el plazo de cuatro días en los que Cúneo Libarona había anunciado.

El problema como en otras latitudes no es tanto de infraestructura como de recursos humanos y coordinación. La resignación de la Procuración orbita en dos teoremas: o la implementación sale bien y el Gobierno se adjudica el éxito de lo que nadie intentó y gana margen para proponer a un Procurador titular; o bien, fracasa y tiene motivos para echarle la culpa a Casal y así proponer a un nuevo Procurador. Por eso hay un sector que bajo el radar inició una ronda de consultas a los fiscales de primera instancia para tantearlos acerca de elevar una nota al Procurador que ponga de manifiesto la inaplicabilidad fáctica del acusatorio y lo empujen a tomar una posición más confrontativa. En el listado de firmas habrá que rastrear los nombres gravitantes para el universo de los fiscales que pueden inclinar esa balanza.

La indiferencia del tema en los siempre poderosos jueces de Comodoro Py es una mixtura entre una atomización (ya no existe un liderazgo unívoco en el que estén todos encolumnados), las vacantes (de 12 hay 4 juzgados libres, con la chance de que se sumen dos más por ascenso o concursos), convicción doctrinaria en la virtud del cambio de sistema, y en el fondo, certeza de que serán “jueces de transición”. ¿Qué significa esto? Que todas las causas que actualmente estén en los juzgados federales de instrucción permanecerán a su cargo más allá de la fecha dada por el Gobierno para la bandera de largada del acusatorio. Hasta entonces, todo lo que ingrese y sea sorteado no será traspasado al modelo nuevo, sino que seguirá en manos de los magistrados, tal como hasta ahora. Eso es todo el paquete que involucra a actuales actores políticos de los distintos últimos gobiernos.

Clima alborotado

También hay cuestiones cocinándose en distintos aspectos que rodean la secuencia de alboroto que atraviesa Retiro: Martín Irurzun –próximo a cumplir la edad límite- está negociando con el Gobierno el envío de su pliego para renovar por cinco años más en la Cámara Federal. Fue ilustrativo de fragilidad que sus pares Eduardo Farah y Roberto Boico le hicieran juego de pinzas para arrebatarle la presidencia de la codiciada Sala II. Como ya se mencionó en estas páginas el Gobierno está ávido de hacerse de nuevas vacantes en primera instancia que pueda incluir en la bolsa donde están los dos concursos en etapa definitoria, que también tienen su homólogo para las plazas de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi como camaristas.

En Casación los ánimos no están menos aplacados porque la Casa Rosada ambiciona dos lugares más: la jubilación de Ángela Ledesma –cuya secretaria podría recalar como jueza- y la salida del siempre polémico Juan Carlos Gemignani. Pero no por los motivos aparentes, sino por la señal que enviaron con la firma de un fallo de febrero pasado que causó revuelo porque declaró inconstitucional parte del articulado de la Ley Petri respecto a la solicitud de libertad condicional en casos de narcotráfico. Casación convocó a un plenario para poner un criterio en común entre todos los jueces, pero más allá de eso busca tener el 8 de abril una foto con Horacio Rosatti que valide desde la Corte algo que causaría beneplácito a la agenda que lleva adelante Patricia Bullrich. La ministra de Seguridad no está mirando el tema narco, sino cuál es la disposición de los agentes del sistema judicial para aplicar su Ley de Organizaciones Criminales (a.k.a. Ley Antimafias) que abre un menú indeterminado de opciones para aplicar sanciones penales, cuya difusa redacción expande el universo de potenciales destinatarios. En otras palabras, los más antiguos se preguntaban si Bullrich estaba en busca de conformar su propio “Camarón”. Que no es un crustáceo.