El Gobierno de Javier Milei profundizó su estrategia de control sobre el ciberespacio al lanzar un nuevo protocolo que habilita el uso de agentes encubiertos digitales y agentes reveladores en redes sociales y otras plataformas virtuales.
La medida, impulsada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue publicada este martes en el Boletín Oficial y se enmarca en un enfoque más agresivo de vigilancia estatal online, respaldado por la Ley N° 27.319.
Según la resolución, los agentes estarán autorizados a intervenir en casos de delitos complejos como abuso sexual infantil, narcotráfico y terrorismo, considerados por el Ministerio como problemáticas que "operan cada vez más en el ámbito digital". Estos agentes encubiertos actuarán bajo orden judicial y contarán con medidas de seguridad específicas.
Además, se anunció la creación de un "Registro de Avatares", diseñado para gestionar identidades ficticias que colaboren en investigaciones penales.
Este nuevo protocolo se suma a otras resoluciones recientes. En 2024, Bullrich ya había creado la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS) y habilitado a las fuerzas federales a realizar ciberpatrullajes, incluyendo monitoreo de redes sociales. Todas estas medidas apuntan a consolidar una estructura estatal dedicada al patrullaje preventivo y la intervención digital en nombre de la seguridad.
La cartera también resolvió establecer un Consejo Académico Asesor ad honorem para la Unidad de Agentes Encubiertos, que estará integrado por jueces, fiscales, funcionarios del Ministerio de Seguridad y oficiales de alta jerarquía. Este consejo tendrá como misión definir los contenidos de capacitación de los agentes para maximizar su eficiencia y reducir riesgos en tareas de infiltración.
El Consejo será presidido por el juez federal Ricardo Basílico, a quien el Ministerio calificó como "prestigioso" por su trayectoria en derecho penal, constitucional y derechos humanos. Desde la cartera de Seguridad aseguran que este despliegue apunta a mejorar la capacidad del Estado para "auxiliar a la Justicia" en investigaciones cada vez más desafiantes por su dimensión digital.
