Tras varios días de enfrentamiento abierto con los gobernadores, el Gobierno nacional comenzó a mostrar señales de un giro pragmático. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó que el Ejecutivo "va a conversar" con los mandatarios provinciales para sostener el veto presidencial -ya confirmado, aunque aún no concretado- a los proyectos aprobados por el Senado: el aumento jubilatorio, la prórroga de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad.
El objetivo de estas negociaciones será impedir que los legisladores alcancen los dos tercios necesarios en ambas Cámaras para rechazar el veto y convertir las iniciativas en ley por insistencia. Francos también reveló que algunos gobernadores ya iniciaron conversaciones con el oficialismo para sellar alianzas de cara a las elecciones de octubre, pese a la tensión aún latente.
El jefe de Gabinete sostuvo que se intentará transmitir a los mandatarios que el Estado nacional no está en condiciones de asumir ese nivel de gasto sin una fuente de financiamiento clara. La discusión de fondo gira en torno a los proyectos que los propios gobernadores impulsaron y que obtuvieron media sanción en el Senado: la eliminación de fondos fiduciarios y la incorporación de los Aportes del Tesoro Nacional a la masa coparticipable.
Según los mandatarios provinciales, estas medidas no comprometerían el equilibrio fiscal. Sin embargo, Francos advirtió que el impacto fiscal de los proyectos aprobados representa dos puntos del PBI y Javier Milei ratificó que vetará cualquier iniciativa que altere el superávit.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también intervino en el debate: "No todos los gobernadores son lo mismo. Se hace esa diferencia con los gobernadores que administran bien sus provincias", dijo. Y agregó: "Los 23 gobernadores y el jefe de la Ciudad de Buenos Aires deben bajar el gasto. Ahora están pidiendo más plata, pero antes deben bajar el gasto".
El mismo día de la votación en el Senado, Javier Milei había anticipado: "Vamos a vetar. Si el veto se cae, lo vamos a judicializar". Una vez que las leyes lleguen al Poder Ejecutivo, comenzará a correr el plazo de diez días hábiles para que el Presidente las vete. El receso invernal del Congreso -del 21 de julio al 1° de agosto- estira los tiempos para las negociaciones. En caso de veto, la Cámara de origen (en este caso, Diputados) debería reunir dos tercios de los presentes para insistir con la ley. Luego sería el turno del Senado.
En la Cámara Baja, la suba jubilatoria había sido aprobada con 142 votos a favor, 67 en contra, 19 abstenciones y 29 ausencias. La emergencia en discapacidad había reunido 148 votos positivos, 71 negativos, 34 ausentes y 3 abstenciones. Para sostener el veto, Milei necesita reunir nuevamente 87 "héroes", para los que le faltarían alrededor de 20 votos. En este contexto, las negociaciones se vuelven clave para el objetivo del Gobierno de sostener los vetos y defender su política de superávit fiscal.
