El pedido de investigación al INACAP
Según denunció Pagano, "las mismas entidades gremiales patronales se autobenefician con cada aumento paritario, porque eso involucra mayor recaudación para ellas mismas”.
Presentan un pedido de informes en el Congreso para investigar fondos de INACAP
POLITICA07/03/2025
Luego del debate que generó la publicación del Decreto 149/2025- que volvió voluntario el aporte por capacitación en el convenio de Comercio- la diputada de La Libertad Avanza, Marcela Pagano, presentó en el Congreso de la Nación un pedido de investigación de los fondos de Instituto Argentino de Capacitación para el Comercio (Inacap). "No hay rendición de cuentas públicas de los millonarios fondos, que tiene de rehenes a todos los comerciantes y alimenta a la casta gremial empresaria”, denunció Pagano.
Homologado por la Secretaría De Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 130-1975, la contribución obligatoria al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP) por parte del empleador, se efectúa desde el año 2008 por cada empleado de comercio, que alcanzan a 1.2 millones de trabajadores (la paritaria más grande del país). El aporte involucra el 0.50% del salario para la categoría Maestranza “A” inicial, por lo que se incrementa con cada paritaria y por la cual se recaudarían millonarios fondos mensuales.
Según denunció Pagano, "las mismas entidades gremiales patronales se autobenefician con cada aumento paritario, porque eso involucra mayor recaudación para ellas mismas”.
En detalle, según los cálculos que presentó la diputada, si se tiene en cuenta que en marzo de 2025 la cuota de INACAP es de $4.725,02 por cada trabajador, se calcula una recaudación mensual de más de $5.600 millones y $70.000 millones al año, aproximadamente.
Según declaraciones públicas del presidente de la Federación Económica de San Juan, Daniel Milla, en esa provincia se estima que hay, aproximadamente, 15 mil empleados registrados en el marco de ese convenio, es decir que los empleadores aportan al INACAP unos $70 millones al mes, aproximadamente. Pero según explicó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), solo se transfieren un millón de pesos por mes a la federación, para distribuir entre 9 cámaras socias - es decir - $12 millones anuales.
A raíz del debate, la legisladora presentó el pedido de investigación sobre el manejo de estos aportes. “Tomando ese parámetro, si a una provincia le redistribuyen $12 millones al año, pero el INACAP recauda miles de millones, resulta indispensable investigar en qué se destina el resto de los fondos”, afirmó.
A partir de la entrada en vigor del Decreto 149/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, las empresas ya no estarán obligadas a hacer aportes económicos a cámaras empresariales, como se venía haciendo en virtud de acuerdos colectivos de trabajo. Esta medida pone fin a la obligación de los empleadores, no asociados a esas cámaras, de realizar contribuciones a favor de las mismas, lo que se hacía en el marco de dichos acuerdos.
Según los argumentos del Gobierno, las cláusulas que imponen aportes a entidades no asociadas carecen de base normativa, por lo que no se podrá seguir exigiendo el pago de estas contribuciones obligatorias. No obstante, las cláusulas de acuerdos ya firmados seguirán siendo válidas, pero ya no se permitirá que se utilice esta herramienta en futuras negociaciones.
Fuentes oficiales indicaron que el Gobierno no homologará acuerdos colectivos que impongan este tipo de contribuciones, ya que se estaba haciendo una "interpretación incorrecta" de la ley que regula estos convenios. Además, el cambio fue solicitado por numerosas entidades gremiales empresarias de todo el país, que no recibían estas contribuciones.
Es importante recordar que una de las versiones del proyecto de la Ley Bases proponía la eliminación de los aportes solidarios de los trabajadores no afiliados a sindicatos, aunque finalmente esta propuesta no fue aprobada.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, comenzó a abordar el tema de los aportes obligatorios de las empresas en septiembre del año pasado. A partir de entonces, se iniciaron conversaciones con la CAME y la Cámara Argentina de Comercio (CAC) para eliminar de manera gradual estos aportes.

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