La privatización de IMPSA deberá esperar unos días más. El plazo inicial que pidió la firma estadounidense ARC Energy para renegociar la deuda con los acreedores de la metalúrgica venció hoy 31 de enero. Y ahora solicitó una prórroga hasta el 10 de febrero para completar ese acuerdo.
Este paso previo en el proceso de la primera privatización de la gestión de Javier Milei es fundamental. El comprador lo puso como condición para hacerse cargo de la compañía estatal.
La deuda de IMPSA asciende a unos u$s570 millones y los estadounidenses advirtieron que sin un acuerdo de reestructuración no avanzarán en la compra de la mayoría del paquete accionario.
Los principales acreedores son el Banco de la Provincia de Buenos Aires, el Banco Hipotecario, el Banco BICE, Export Development Canadá, la Corporación Andina de Fomento, el banco brasileño Bradesco, tenedores de Obligaciones Negociables (ON), entre otros de menor porte.
Aunque no se llegó a la fecha límite con los resultados esperados, desde el fondo de inversión Industrial Acquisitions Fund (IAF), que controla a ARC Energy, están convencidos de que las discusiones están encaminadas y se llegará a un acuerdo.
Por eso, fijaron como nueva fecha tentativa el 10 de febrero, pedido que descuentan que será avalado por el ente del gobierno nacional que administra la venta.
En rigor, la renegociación de la deuda se viene desarrollando a paso acelerado, teniendo en cuenta que comenzó a mediados de diciembre. Procesos de este tipo por deudas con montos similares demandan no menos de seis meses de discusiones, según los expertos de la banca de inversión.
La propuesta del grupo estadounidense es canjear la deuda que empieza a vencer este año por un bono en dólares a pagar entre 2028 y 2035. Pero dado que hay algunos acreedores que quieren cobrar antes, no se ponen de acuerdo en el monto de quita que podría aplicarse en esos casos.
Una vez que quede firmado el acuerdo global de reestructuración de la deuda con la mayoría de los acreedores se podrá concretar el aporte de capital de u$s27 millones incluido en el acuerdo de privatización para sanear a IMPSA y ponerla nuevamente en el ruedo productivo.
La privatización de IMPSA involucra sólo el 85% del paquete accionario, según lo que se estableció desde el Comité Evaluador de la licitación.
Actualmente, el 63,7% del capital está en poder de Nación a través del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP), y otro 21,2% pertenece a la provincia de Mendoza. La familia del fundador Enrique Pescarmona conserva un 5,3% de un fideicomiso armado luego de la última reestructuración accionaria en 2016. Y el restante 9,8% corresponde a acreedores que también reclaman por sus derechos en la mesa que negocia la reestructuración de los pasivos.
