El Gobierno oficializó la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) este viernes. Lo hizo a través del Decreto 953/2024 publicado en el Boletín Oficial.
Según el texto oficial, el objetivo de la medida es optimizar la gestión de los ingresos públicos, mejorar la eficiencia y especialización en las funciones de recaudación fiscal y control aduanero, y responder de manera más ágil a las demandas del sistema tributario y de la seguridad social.
Agrega que esta entidad “es la continuadora jurídica y mantendrá las responsabilidades, competencias y funciones asignadas por el marco legal vigente a la AFIP hasta la fecha de publicación de las normas y la Estructura Orgánica y Funcional”.
El detalle del decreto
De acuerdo con la norma, a partir de la su publicación en el BO se transfieren todos los recursos, personal, bienes y obligaciones de la AFIP a la ARCA, "que asumirá las competencias y funciones asignadas a la AFIP por la legislación vigente".
"La reforma se justifica en la necesidad de mejorar la eficiencia y eficacia de la administración tributaria y aduanera, así como en la búsqueda de una mayor transparencia y rendición de cuentas", reza el decreto. Argumenta que la estructura existente de la AFIP se había vuelto demasiado compleja y poco ágil para responder a las demandas actuales.
De esta manera se creó formalmente la ARCA, que estará bajo la órbita de Luis Caputo. Cabe recordar que el gobierno señaló que este nuevo organismo tendrá “una estructura simplificada, con una reducción de aproximadamente un 45% de las autoridades superiores y un 31% de los niveles inferiores de la estructura actual”.
Por medio del decreto también se nombraron las autoridades que liderarán la ARCA. Como se había anticipado, Florencia Misrahi seguirá al frente del organismo. Este puesto tiene una duración de cuatro años y permite renovaciones sucesivas, siempre que se haya cumplido con el plan de gestión del mandato anterior. También fueron designados Andrés Edgardo Vázquez, al frente de la Dirección General Impositiva (DGI), y José Andrés Velis, quien supervisará la Aduana.
El decreto establece un plazo de 60 días hábiles para que el titular de la ARCA presente una propuesta de normas y estructura organizacional. Por último recuerda que la reforma se ampara en la declaración de emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética, lo que permite adoptar medidas excepcionales para acelerar el proceso de cambio.
