Cómo quedó el nuevo esquema de jubilaciones: ¿avance o retroceso para los de la mínima?

Tal como había anunciado el Ejecutivo luego de la sanción de la ley aprobada a comienzos de julio que establecía un aumento del 7,2% en las jubilaciones, finalmente fue vetada.   

Con este panorama, los haberes previsionales correspondientes al mes de julio, que serán liquidados en agosto, son los establecidos por la resolución 278/2025 de ANSES.

La jubilación mínima de julio, que contempla la inflación del 1,6% informada por el INDEC a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio, quedó ubicada en $314.305 y asciende a $384.305 con el pago del bono de $70.000, cuyo monto está congelado desde marzo de 2024. Solo la combinación de la jubilación mínima más el bono ubica a los jubilados apenas por encima de la línea de pobreza: en mayo, según la Canasta Básica Total (CBT) publicada por INDEC, fue de $365.177. 

Si un jubilado tuviera como único consumo una CBT, solo le sobrarían $19.128 al recibir el bono. Este nivel de ingreso coloca a más de la mitad de los beneficiarios de ANSES cerca de la línea de pobreza. El Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) otorga 6,8 millones de beneficios: el 50% percibe una jubilación mínima.

La única forma de que la jubilación mínima no quede por debajo de la línea de pobreza es con el pago del bono, que la coloca por encima de la línea de pobreza. Cabe recordar que la CBT publicada por el INDEC no contempla ni refleja la totalidad de gastos ni consumo de bienes y servicios de una persona adulta mayor en Argentina.

El paquete de medidas que vetó el Presidente
El 10 de julio, el Senado aprobó un paquete de leyes previsionales que contemplaban el aumento de jubilaciones y pensiones del 7,2% (excepto los regímenes especiales), así como el incremento del bono de $70.000 a $110.000, actualizable por inflación. En esa sesión también fue aprobada la restitución por dos años de la moratoria previsional (Ley 27.705) y la ampliación de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Adicionalmente, se preveía un esquema de anticipos mensuales en concepto de compensaciones por parte del Estado nacional para atender el déficit de las cajas previsionales provinciales no transferidas.

De aplicarse en su totalidad el paquete de medidas previsionales recientemente vetadas, la jubilación mínima de julio, que contempla la inflación del 1,6% informada por el INDEC a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio, hubiera pasado a $336.934, que sumado al bono de $110.000, daba un total de $446.934. En definitiva, el aumento del 7,2% y el incremento del bono a $110.000 representaban una mejora de $62.629. 

Precisamente, si se comparaba ese nuevo escenario previsional con la canasta de la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, la recomposición aprobada por el Congreso no revertía de manera significativa la realidad de los y las jubilados. La canasta básica de jubilados elaborada por la Defensoría trepó a $1.200.523 en abril de 2025. Si se actualizara este indicador por la inflación de abril (2,78%), mayo (1,5%) y junio (1,6%), la canasta ascendería a $1.272.444. Este valor, que es un aproximado a partir de la indexación de la canasta anterior con el IPC de abril y mayo, que no refleja los resultados de un relevamiento de campo, muestra que aún si se hubieran aplicado las leyes de recomposición de los haberes jubilatorios, se requerirían casi tres jubilaciones mínimas para cubrir los gastos.

Cabe destacar que el pago del bono sigue siendo aplicado de manera discrecional y depende, por lo tanto, de la decisión del Poder Ejecutivo. Ahora, queda en el Congreso confirmar o rechazar el veto presidencial. 

El frágil equilibrio fiscal
En caso de que el Congreso rechace el veto, el Ejecutivo ya anunció que judicializará la sesión por considerarla inválida por cuestiones reglamentarias. Entre los argumentos del Poder Ejecutivo para vetar la ley está la preservación del superávit fiscal, que tiene el componente más importante en el ajuste efectuado en las partidas previsionales.

¿Cuál era el costo del incremento? Ascendía a $10,5 billones, equivalente a un 1,26% del PBI. En total, el conjunto de medidas aprobadas por el Congreso, comprendido por el aumento del 7,2%, la actualización del bono, la restitución por dos años de la moratoria previsional, las compensaciones para las cajas previsionales y la ampliación de la PUAM, representaba un costo fiscal del 2,03% del PBI.

Desde 2019, acelerado por la espiral inflacionaria y por la falta de reglas estables en el tiempo que garanticen un equilibrio entre la dimensión contributiva y distributiva del sistema previsional, las jubilaciones perdieron el 35% del poder adquisitivo real.

Un problema de fondo sin atender
Luego de dos fórmulas distintas implementadas por los últimos dos gobiernos, en 2024 se estableció por el DNU 274/2024 el actual mecanismo de movilidad, que determina que la actualización del haber jubilatorio mínimo se realice únicamente en función de la inflación pasada.

Este enfoque tiene como consecuencia la estabilización del haber en términos reales, manteniéndolo en mínimos históricos. Además, deja de lado la posibilidad de una mejora del poder adquisitivo y expone a todo el sistema a la dinámica inflacionaria en la que el haber siempre ve reflejada con retraso la pérdida del ingreso experimentada dos meses antes. La política previsional implementada bajo el DNU 274/2024 parece consolidar esta tendencia de caída real de los haberes sobre la mejora del poder de compra.

Aún si el conjunto de medidas aprobadas por el Congreso se aplicara en su totalidad, resultaría insuficiente para consolidar un proceso de recuperación del poder adquisitivo y mejorar los niveles de ingresos para toda la pirámide previsional. Estrictamente, el aumento del 7,2% y el incremento del bono a $110.000 representan una mejora de $62.629 en el bolsillo de los jubilados. 

Donde sí impactan las medidas es sobre el equilibrio fiscal, colocando prácticamente a las cuentas nacionales en una situación de déficit crónico, que tiene en el corto plazo un efecto negativo sobre el poder adquisitivo de las jubilaciones. 

La situación del sistema previsional requiere un debate profundo sobre la dimensión distributiva tanto como la contributiva que hacen la sustentabilidad y equidad capaz de generar la seguridad social, garantizando un nivel de vida digno para los adultos mayores. Precisamente, el carácter contributivo involucra la problemática del mundo del trabajo, que muestra una consolidación creciente de la informalidad como rasgo predominante en los últimos 15 años, afectando no solo el nivel de vida de las personas en actividad laboral, cuyos ingresos son menores a los del sector formal, sino también a las personas beneficiarias de la seguridad social.  

Para profundizar aún más en el tema, en el sitio de Fundación Éforo se encuentran publicados informes técnicos y ciudadanos.