Doble derrota para el Gobierno en la Cámara Alta: Milei, furioso desde Palm Beach

El quórum se alcanzó gracias a la presencia de 32 senadores del peronismo; Pablo Blanco y Martín Lousteau de la UCR; Alfredo De Angeli y María Victoria Huala del PRO; y el exoficialista Francisco Paoltroni. Cuando el tablero marcó 38 presentes, bajaron el resto de las bancadas, es decir los libertarios, el resto de la UCR y el Frente PRO, Provincias Unidas y otros.

La titular de la Cámara Alta, Victoria Villarruel, no presidió el debate porque quedó a cargo del Ejecutivo tras el viaje del Presidente a Estados Unidos. La sesión quedó en manos de Bartolomé Abdala. 

Desde un inicio quedó en claro que el objetivo de los legisladores opositores era rechazar los pliegos. Por eso, La Libertad Avanza intentó todo para evitar la sesión. 

A último momento, el jefe del bloque oficialista, Ezequiel Atauche, propuso que el Abdala firmara un decreto para suspender la sesión. Sólo los propios aceptaron la propuesta. 

La situación de los jueces
García-Mansilla juró días atrás en el Máximo Tribunal y presentó un escrito en el que se opone a la idea de hacer caer su nombramiento luego de que le hayan tomado juramento. "Solamente puedo ser removido mediante el mecanismo de juicio político previsto en los artículos 53, 59 y 60 de la Constitución Nacional", indicó.

A pesar del rechazo del Senado, García-Mansilla sigue firme en su silla en la Corte Suprema hasta noviembre, aunque con una situación de debilidad institucional. A partir de ahora, se trata de un juez nombrado por decreto y rechazado por el Senado.

Guadalupe Tagliaferri y Martín Lousteau fundamentaron, entre otros ítems, no avalar a un candidato que se contradijo públicamente cuando afirmó que no estaba dispuesto a asumir por decreto. Los senadores pusieron la lupa en el valor de su palabra.

Sin embargo, el caso de García-Mansilla podría prolongarse más allá de la sesión, dado que la biblioteca en torno a si debe o no permanecer dentro de la Corte está dividida. Sucede que para algunos, con el rechazo del Senado, el académico "deja de ser juez de la Corte automáticamente".

En cambio, la situación de Lijo es otra porque aún no juró en la Corte Suprema. Desde el Máximo Tribunal afirmaron que Lijo no puede asumir en la Corte sin renunciar antes a su cargo en Comodoro Py, pero el juez federal ya hizo saber que no piensa hacerlo. 

De esta manera, el Gobierno anotó una doble derrota en el Senado. A modo de consuelo, el Presidente viajará a Estados Unidos en la búsqueda de un guiño por parte de Donald Trump, en el marco de las negociaciones con el FMI.

¿Qué dijo Milei ?

Este fue el comunicado del Gobierno:

La Oficina del Presidente repudia la decisión del Senado de la Nación de rechazar los pliegos propuestos por el Presidente Javier G. Milei para integrar la Corte Suprema de Justicia.

Durante el último año los senadores tuvieron a disposición los pliegos de los Dres. Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo, participando en toda instancia del proceso de selección establecida por la normativa vigente. Sin embargo, luego de dilatar la votación durante meses, optaron por priorizar la preocupación por sus causas judiciales y las de sus dirigentes, en detrimento del funcionamiento de uno de los tres poderes de la República.

Por primera vez en la historia, el Senado de la Nación ha rechazado pliegos propuestos por un Presidente, por motivos meramente políticos y no por cuestiones de idoneidad, lo que evidencia una vez más que la Cámara Alta es el refugio de la casta política en el Congreso de la Nación. Convertido en una máquina de impedir, el Senado no actúa en favor del pueblo, sino que tiene como único fin obstruir el futuro de la Nación Argentina.

Es evidente que la politización de la justicia representa una amenaza para la democracia. Mientras la clase política anteponga su protección penal y no la normalización del sistema judicial, el derecho a la justicia continuará limitado en la República Argentina.

El Presidente de la Nación continuará trabajando incansablemente para garantizar la independencia judicial y restaurar la confianza del pueblo en las instituciones, utilizando todas las herramientas que la Constitución Nacional y el voto popular han puesto en sus manos.