¿Dieron resultados los cambios que ya aplicó Milei en el mercado laboral?

Pese a que el gobierno de Javier Milei aún no presentó el proyecto de reforma laboral que pretende llevar al Congreso tras el recambio de las cámaras del 10 de diciembre próximo, el debate ya está instalado. 

La extensión de la jornada laboral mediante la implementación de un "banco de horas", paritarias por empresas en lugar de por actividad, salarios dinámicos por mérito, la posibilidad de fragmentar las vacaciones y de pagar una parte del salario en vales por comida (ticket canasta), además del pago en hasta 12 cuotas de las indemnizaciones para las pequeñas y medianas empresas, son algunos de los puntos que, aún sin confirmación oficial, fueron echados a rodar desde el gobierno y sus aliados como prueba de ensayo para ir midiendo la reacción de la sociedad, la oposición y los sindicatos. 

Si bien desde la Casa Rosada no confirman -ni niegan- esas iniciativas, todas ellas surgen de anteriores propuestas de legisladores y técnicos vinculados al oficialismo. El proyecto que, al menos, cuenta con un aval implícito del gobierno es el que presentó a fines del año pasado la diputada libertaria Romina Diez, cercana a Karina Milei. De hecho, esa iniciativa tomó artículos del capítulo laboral que formó parte del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 emitido por el gobierno libertario en los primeros días de su gestión. Esos artículos fueron suspendidos por la Justicia Laboral y aguardan una definición de la Corte Suprema. 

En cualquier caso, más allá de las especulaciones sobre el texto final del proyecto de reforma que finalmente el Poder Ejecutivo envíe al Congreso, ya se están implementando varios cambios al esquema laboral que el gobierno introdujo en los casi dos años de gestión. Hasta ahora, esas medidas no tienen resultados favorables para mostrar e incluso en algunos casos generaron efectos exactamente opuestos a los objetivos buscados.

Eliminación de las multas por empleo no registrado
Con la promulgación de la llamada Ley Bases, a partir del 9 de julio del año pasado fueron derogados los artículos de la Ley Nacional de Empleo y de las normas complementarias que establecían multas para las empresas que no formalizaban a sus trabajadores. El principal objetivo de esa medida es desactivar el mecanismo por el que esas multas, a juicio del gobierno, terminaban incrementando la indemnización de los trabajadores no registrados una vez concluido el vínculo laboral. 

 Según esa mirada, ciertas prestaciones que constituyen una remuneración encubierta -desde los viáticos hasta beneficios sociales y planes complementarios de salud en una empresa prepaga- terminaban incorporándose a la base de cálculo de las indemnizaciones por despido para dar más volumen al monto de las multas. No obstante, casi un año y medio después de su implementación, esta medida que tenía como principales objetivos una menor litigiosidad e indemnizaciones con montos más bajos está derivando en algunos casos en un efecto contrario al buscado. De hecho, en septiembre pasado, un fallo de un tribunal laboral le otorgó a una trabajadora una indemnización de más de 22,8 millones de pesos por daños y perjuicios luego de haber trabajado en negro durante varios años. "En la práctica, la condena por daños y perjuicios en casos de trabajo no registrado está operando como una `restitución de facto´ de las multas laborales derogadas por la Ley Bases", señalaron Andrés Tellado Cañas y Alejandra Mancino, socio y gerente senior, respectivamente, de la Práctica de Derecho Laboral y Tributación de Nómina de KPMG Argentina.

Con el reconocimiento de la Justicia al derecho de los trabajadores a ser indemnizados por los daños y perjuicios derivados del empleo no registrado, como no haber tenido obra social o tener menos aportes jubilatorios, las empresas enfrentan ahora un escenario de mayor imprevisibilidad sobre el costo de las indemnizaciones que cuando estaba vigente el esquema de multas. 

A eso se suma que, al menos en una primera etapa, la eliminación de las multas agregó un nuevo incentivo para que empresas no blanqueen a sus empleados. Eso, en un contexto de fuerte aumento de los costos en las empresas, permanencia de una alta carga tributaria y actividad económica estancada, viene elevando los niveles de informalidad laboral. En lo que va del gobierno de Milei, el número de asalariados registrados pasó de 9.884.700 en noviembre de 2023 a 9.610.300 en agosto pasado, una caída de 274.400 puestos en blanco, según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que elabora la secretaría de Trabajo. A contramano de la retórica del gobierno en torno a que el ajuste iba a recaer sobre el sector público, el descenso en los puestos de trabajo ha sido mucho mayor en el sector privado: mientras la caída de los empleos formales en el estado fue de 97.200, en el ámbito privado fue de 177.200 puestos. 

Con eso, pese a la ventana para blanquear personal que estuvo abierta hasta el 24 de diciembre del año pasado con quitas y facilidades de pagos, los trabajadores en negro pasaron de representar el 41,4% de los ocupados en el cuarto trimestre de 2023 al 43,2% en el segundo trimestre de este año.  

Extensión del período de prueba
Uno de los cambios incluidos en el DNU 70/23 fue la extensión del período de prueba, una figura que habilita al empleador a desvincular a un empleado sin pago de indemnización mientras transcurre cierto tiempo inicial de relación. Hasta el 29 de diciembre de 2023 ese período para los contratos por tiempo indeterminado era de tres meses, pero con la entrada en vigor del decreto pasó a ser de ocho meses. Posteriormente, Ley Bases redujo el período a seis meses.

En principio, esa medida está orientada a dinamizar la demanda laboral para los jóvenes. No obstante, justamente ese segmento etario es el más perjudicado en términos de empleo en lo que va del gobierno libertario. De acuerdo a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), la tasa de desocupación entre las mujeres de 14 a 29 años que buscan trabajo pasó del 13,4% en el cuarto trimestre de 2023 al 16,9% en el segundo trimestre de este año. En el mismo período, el índice entre los varones pasó del 11,5% al 12,7%. 

"Con la extensión del período de prueba, aumentó la rotación de trabajadores en sectores como comercio y gastronomía, rubros donde ya existía una alta rotación laboral", dijo a El Economista el abogado laboralista Juan Manuel Ottaviano, investigador de Fundar y consultor en relaciones laborales en Tomada & Asociados. "La extensión del período de prueba no incrementó la demanda de puestos: para ampliar la capacidad de un teatro hay que agregar butacas, no ampliar las puertas; si se amplían las puertas, lo único que sucede es que la gente entra y sale más rápido", agregó. 

Fondo de cese laboral
Otra reforma surgida de la Ley Bases es la creación de un fondo de cese laboral con el que el gobierno busca reemplazar el pago del tradicional esquema de indemnizaciones por despido. Ese régimen no obligatorio fue presentado como una alternativa a negociar entre empresas y sindicatos. No obstante, con un fondo que debería nutrirse de aportes mensuales tanto de los empleados como del empleador (12% de la remuneración del trabajador durante el primer año y 8% a partir del segundo), ningún convenio colectivo incorporó esta modalidad, con excepción de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) que ya cuenta con un esquema similar desde hace años. "En los sectores que no tienen alta rotación, a las empresas no les sirve incrementar un 8% los costos de su masa salarial para afrontar indemnizaciones por despidos que no van a realizar de manera recurrente", dijo Ottaviano.

Con eso, la expectativa de Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, en torno a que las empresas puedan diseñar el esquema de despidos que quieran y con eso evitar "la industria del juicio", en la práctica no se concretó. Decepcionado, Sturzenegger criticó a los empresarios durante su presentación en el 61°. Coloquio de IDEA de octubre pasado. "El Gobierno les da a ustedes la libertad para rediseñar el contrato laboral y no hacen nada. No será tan grave el problema porque si no, no se entiende", dijo el ministro. 

Posibilidad de que un trabajador independiente tenga hasta tres monotributistas a cargo
El artículo 97 de la Ley Bases abrió la puerta para que un empleado monotributista o autónomo incorpore hasta tres colaboradores sin que esto configure una relación de dependencia laboral, lo que en la práctica implica convalidar la informalidad. La figura prácticamente no fue utilizada por las microempresas ni por los pequeños profesionales.

Argentina está a las puertas de debatir cambios al régimen laboral, una tarea largamente demorada. Buena parte de las fuerzas políticas, empresas y sindicatos coinciden en que no pueden demorarse reformas a un régimen que, en varios aspectos, luce vetusto. Sin embargo, la dirección de esos cambios tensionará el debate, más aún en el actual contexto de caída de la actividad económica y del consumo. "Las reformas laborales, las inclusivas o excluyentes, las progresivas o regresivas, no crean empleo; en todo caso, sirven para orientan la calidad de los puestos de trabajo que crea una economía", señaló Ottaviano. "En una economía que viene destruyendo empleo y con crecimiento de la informalidad, no hay reforma laboral que aguante, ni de las buenas ni de las malas", concluyó.