La decisión de la jueza Loretta Preska sobre YPF generó un cimbronazo en el Gobierno. Si bien el oficialismo salió a pegarle a Axel Kicillof, el autor material e intelectual de la expropiación, internamente la lectura es que el país deberá pagarle a los acreedores como el fondo Burford Capital, cuyas acciones saltaron 22% el lunes.
"Ya no hay margen para nada más que sentarse a negociar cómo pagarle", deslizó una fuente oficial ligada a la petrolera. La misma confirmó que, a la par, el Gobierno apelará la decisión Preska que obliga al país entregar el 51% de las acciones en manos del estado argentino.
Hay preocupación en los bancos de inversión porque el país, sin acceso al mercado financieros internacional en forma frecuente, tendrá que salir a emitir deuda para pagar el fallo. "Es obvio que no habrá plata fresca, la única que queda es darle bonos por un monto equivalente. No será tampoco bonos por US$ 16.000 millones que pide el fallo, obviamente. Ahí es donde empieza la negociación con respecto a las formas de acordar un pago", describió un ejecutivo desde Nueva York.
En el mercado incluso empiezan a hablar de una relación de hartazgo de la jueza con la Argentina. "Parece como hablaba Thomas Griesa sobre el país, y ya sabemos cómo terminó", apuntaron haciendo referencia que el Gobierno de Mauricio Macri tuvo que salir a emitir deuda para levantar el fallo a favor de Paul Singer y su fondo Elliott Management.
"Mientras la República exige que este Tribunal le otorgue deferencia (comity), al mismo tiempo se niega a hacer el más mínimo esfuerzo por cumplir con la sentencia firme y no suspendida del Tribunal", escribió la jueza de Nueva York, en un duro cuestionamiento al Gobierno argentino por querar "patear para adelante" la pelota sin buscar una solución.
"Apelar no es la solución. Hay que respetar el Estado de Derecho", dice Sebastián Maril, director de Latam Advisors, y uno de los analistas que más conoce los entretelones de este caso.
Maril dice que lo conocido este lunes es uno de los procesos de embargo que la jueza aprobó como consecuencia de la inacción oficial. "Hoy se lo otorgaron, tenemos catorce días para entregar las acciones, Argentina va a apelar, va a ser la tercera apelación concurrente al mismo tiempo. La apelación primaria, la apelación secundaria que es la apelación de la ONG (Republican Action for Argentina), y esta misma que va a pedir el Gobierno", recuerda.
Para Maril, "esto es una mochila de piedra de un tamaño que no podés imaginarte". "Al Gobierno ahora lo obliga a sentarse a negociar, para evitar que esta apelación tenga éxito en el futuro; o de alguna manera ignorarlo con algún tipo de repercusión negativa no solamente para el Gobierno sino también para la empresa", dijo en declaraciones a Ahora Play.
El especialista sostiene que, después del fallo, la empresa hoy mismo está legalmente en manos de otros dueños. "Solo falta que Argentina la entregue, que entre en desacato si no entrega las acciones o apela. Y si apela, YPF va a estar viviendo durante un año con el fantasma de que las acciones que tiene propiedad del Estado ahora pasen a manos de fondos buitre o quien sea", afirma.
Lo cierto es que el caso de YPF es el principal pero no el único en el derrotero de juicios internacionales que tiene la Argentina por el mundo. El país tiene casos abiertos con y sin fallo por casi US$ 32.000 millones.
El cupón PBI, la expropiación de Aerolíneas y juicios en el CIADI se suman a los US$ 16.000 millones que se pide por la torpe operación del kirchnerismo con la petrolera de bandera.
