Aunque el gobierno no ha confirmado todos los detalles, la expectativa es que esta flexibilización impulse la economía, pero también genera preocupaciones sobre la transparencia y el cumplimiento de estándares internacionales contra el lavado de dinero
ECONOMIA06/05/2025
El gobierno de Javier Milei, a través del ministro de Economía Luis Caputo, anunciarán un nuevo esquema de blanqueo de capitales que permitirá a los ciudadanos utilizar hasta US$ 100.000 sin necesidad de justificar su origen, según reportes recientes de Clarín e Infobae.
Esta medida, descrita como un "neo blanqueo" o "blanqueo encubierto", busca incentivar la circulación de los dólares que los argentinos mantienen fuera del sistema financiero, estimados en al menos US$ 200.000 a US$ 300.000 millones según el Indec y otras fuentes.
La iniciativa apunta a facilitar el uso de estos fondos para compras de bienes, como electrodomésticos o inmuebles, sin sanciones ni preguntas sobre su procedencia, promoviendo así la reactivación económica y la incorporación de divisas al circuito formal.
Aunque no se han detallado aún las normativas específicas, se espera que el Banco Central (BCRA) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) realicen ajustes para flexibilizar las restricciones actuales, a pesar de las dudas sobre cómo compatibilizar esta medida con las normas antilavado que el propio gobierno ha suscrito.
Este nuevo blanqueo se enmarca en un contexto donde el blanqueo anterior, vigente hasta mayo de 2025, ya permitió regularizar más de US$ 20.000 millones en efectivo y otros activos, siendo considerado un éxito por el gobierno.
La propuesta actual, que podría ser la segunda bajo la gestión de Milei, no solo busca captar los dólares "bajo el colchón" o en cajas de seguridad, sino también estimular el consumo y la inversión sin penalidades fiscales para montos de hasta US$ 100.000.
Sin embargo, expertos como Sebastián Domínguez y Diego Fraga han señalado que para implementar estas medidas se necesitarían cambios normativos significativos, posiblemente mediante decretos que relajen las exigencias de la Unidad de Información Financiera (UIF) y el BCRA.
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