El Ministerio de Economía derogó una normativa que establecía una ampliación del seguro obligatorio para el transporte automotor de pasajeros de larga distancia.
La normativa derogada establecía la ampliación del seguro de responsabilidad civil de personas transportadas en servicios de transporte automotor interurbanos de pasajeros de larga distancia.
La Resolución 775/2024, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, señala que la normativa de 2022 resultaba incompatible con el principio de desregulación vigente, que busca eliminar restricciones y exigencias normativas que distorsionen los precios de mercado o impidan la libre iniciativa privada.
Asimismo, la publicación oficial señala que esta medida fue adoptada en el marco de la política de desregulación económica impulsada por el Decreto 70/2023 y que la derogación ya entró en vigencia.
El Ministerio de Economía comunicó la decisión a las autoridades competentes, incluyendo la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).
Puntos clave y consecuencias
Desregulación: la resolución se inscribe en una tendencia más amplia hacia la liberalización de la economía argentina, reduciendo la intervención del Estado en ciertos sectores.
Seguro Obligatorio: la derogación implica que las empresas de transporte ya no estarán obligadas a contratar un seguro adicional para cubrir los riesgos de muerte e incapacidad de los pasajeros.
Impacto en los pasajeros: la eliminación de este seguro podría generar cierta incertidumbre respecto a la protección de los pasajeros en caso de accidentes.
Justificación: la resolución argumenta que la medida se alinea con el principio de desregulación y busca promover la competencia en el sector del transporte.
Según consigna el texto oficial, la desregulación podría incentivar la competencia entre las empresas de transporte, lo que podría resultar en tarifas más bajas para los consumidores.
No obstante, cabe destacar que, por otro lado, la eliminación del seguro obligatorio podría dejar a los pasajeros en una situación más vulnerable en caso de accidentes, ya que dependerían únicamente de los seguros básicos contratados por las empresas.
La decisión plantea un debate sobre el equilibrio adecuado entre la necesidad de un mercado libre y la protección de los consumidores.
