La Justicia ordenó al Banco Central de la República Argentina (BCRA) revelar información detallada sobre el envío de parte de las reservas de oro al exterior, al considerar que el organismo no justificó de manera suficiente por qué esos datos debían permanecer bajo confidencialidad. La decisión fue tomada por la Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que hizo lugar a un pedido de acceso a la información presentado por el secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo.
El tribunal revocó un fallo de primera instancia que había avalado la negativa del Central y sostuvo que la autoridad monetaria no explicó "punto por punto" cómo la difusión de esos datos podría generar un "peligro para el sistema financiero o bancario", tal como había alegado. Por ese motivo, ahora el BCRA deberá entregar la documentación solicitada o fundamentar con mayor precisión técnica las razones de su negativa.
El envío del oro se concretó a mediados de 2024, en un contexto de fuertes cuestionamientos políticos. En ese momento, el ministro de Economía Luis Caputo defendió la operatoria y la calificó como "una movida muy positiva del BCRA", al argumentar que mantener el oro en el exterior permite obtener un retorno financiero, a diferencia de tenerlo inmovilizado en las bóvedas del Central.
Según el pedido de acceso a la información, las operaciones habrían involucrado unos US$ 450 millones, realizados los viernes 7 y 28 de junio de 2024, mediante la empresa de transporte de caudales Loomis y vuelos de British Airways con destino a Londres. No fue la primera vez que ocurrió algo similar: en 2017, durante la gestión de Federico Sturzenegger al frente del BCRA, se enviaron 11.000 kilos de oro al exterior para generar rentabilidad.
El Banco Central, actualmente presidido por Santiago Bausili, se había amparado en el artículo 8 de la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública para rechazar el pedido. Tras el fallo, Palazzo celebró la decisión y remarcó que el Central deberá explicar por qué consideró que informar sobre el movimiento de hasta US$ 1.500 millones en oro podía implicar un riesgo para la seguridad nacional o el sistema financiero.
