Mientras el Banco Central anunció una adecuación de las bandas cambiarias, una medida leída positivamente por el mercado porque apunta a sumar más reservas, el Gobierno de Javier Milei avanzó con una decisión de impacto estructural mucho más profundo para la llegada de dólares a la Argentina: el envío al Congreso de un proyecto de reforma de la Ley de Glaciares, una norma que el sector minero viene cuestionando desde hace más de 15 años por generar inseguridad jurídica y paralizar inversiones.
La iniciativa busca destrabar proyectos de litio y cobre, dos de los principales motores potenciales de exportaciones y acumulación de reservas en los próximos años.
Qué cambia con la reforma de la Ley de Glaciares
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo propone modificar la Ley 26.639 con el objetivo de ordenar el marco normativo vigente y poner fin a interpretaciones discrecionales que, según el Gobierno, afectaron tanto al desarrollo productivo como a las competencias de las provincias sobre sus recursos naturales.
La reforma mantiene la protección de los glaciares que cumplen una función hídrica efectiva, refuerza los estándares ambientales y delimita con mayor precisión qué áreas deben considerarse reservas estratégicas de recursos hídricos.
Al mismo tiempo, fortalece el rol de las autoridades provinciales en las evaluaciones de impacto ambiental, en línea con el artículo 124 de la Constitución Nacional, que reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales.
Desde el Ejecutivo sostienen que la normativa actual derivó en una parálisis regulatoria que espantó inversiones, especialmente en regiones clave para el desarrollo minero.
El respaldo del sector minero y el reclamo histórico
La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) expresó su apoyo al espíritu de la reforma y remarcó que existe consenso absoluto en la necesidad de proteger glaciares y ambientes periglaciales que constituyan reservas estratégicas de recursos hídricos.
Sin embargo, el sector viene reclamando desde hace años que la ley aclare que no todos los glaciares y ambientes periglaciales cumplen esa función, y que su determinación debe realizarse caso por caso, con estudios técnicos específicos y participación activa de las provincias.
Según la CAEM, una redacción más precisa permitiría eliminar la incertidumbre jurídica y habilitar el desarrollo de actividades productivas y obras de infraestructura bajo estrictos criterios ambientales, con impacto directo en el empleo, el desarrollo regional y el crecimiento económico.
El presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Roberto Cacciola, explicó a La Nación que una flexibilización en la Ley de Glaciares implicaría destrabar proyectos que traerán aparejadas inversiones multimillonarias en los próximos años. "El 75% de la superficie de los proyectos de cobre que fueron anunciados necesitan una aclaratoria de la ley porque están en zonas consideradas como periglaciares, la mayoría ya inició la solicitud para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)", detalló.
Federalismo ambiental y litio: el eje de las provincias
El proyecto del Gobierno también responde a un reclamo conjunto de las provincias que integran la Mesa del Litio (Catamarca, Jujuy y Salta) y la Mesa del Cobre (Mendoza y San Juan), que vienen advirtiendo que la normativa vigente frena inversiones estratégicas en un contexto de fuerte demanda global por minerales críticos.
La reforma apunta a consolidar un esquema de federalismo ambiental, con mayor articulación entre Nación y provincias y una actualización del Inventario Nacional de Glaciares como herramienta técnica para la toma de decisiones.
Más relevante que las bandas cambiarias para las reservas
Desde una mirada macroeconómica, el contraste es claro. La adecuación de las bandas cambiarias puede contribuir a ordenar expectativas y administrar reservas en el corto plazo, pero la reforma de la Ley de Glaciares apunta a un horizonte de largo plazo: destrabar inversiones, acelerar exportaciones y generar un flujo sostenido de dólares productivos.
Litio y cobre se consolidan como activos estratégicos a nivel global, y la previsibilidad regulatoria aparece como una condición indispensable para que esos proyectos se concreten.
En ese sentido, para el mercado y el sector privado, la señal más relevante del día no llegó desde el Banco Central, sino desde una decisión política que busca remover uno de los principales obstáculos para el ingreso de divisas a la Argentina.
