El gobierno finalmente oficializó el proyecto de ley de reforma laboral. A grandes rasgos y en su espíritu respeta los lineamientos y los artículos que habían estado circulando en un borrador no oficial que luego el gobierno negó. Esto es básicamente aclarar muchos artículos de la Ley de Contrato de Trabajo a fin de minimizar controversias y litigios judiciales.
Lo nuevo
La nueva reforma trajo algo verdaderamente nuevo y original. Esto es la obligatoriedad de las empresas de enviar un 3% de la masa salarial a los Fondos de Asistencia Laboral (FAL) que servirán para pagar parte de la indemnización por despido de sus trabajadores. Este 3% se neteará de las contribuciones patronales que los empleadores hoy pagan a la ANSES para jubilaciones, asignaciones familiares y desempleo.
De esta forma, el costo laboral de tener un trabajador en blanco no aumenta, pero sí aumenta el beneficio para el empleador asociado a dicho costo laboral, que es la previsión para el pago de parte de las indemnización laborales. Hay que aclarar que el empleador sigue obligado al pago de la indemnización por despido como está definida hoy. Solo que lo ahorrado por el empleador en el FAL servirá para pagar parte de dicha indemnización lo que alivianará la carga financiera de la desvinculación laboral. Este es un buen incentivo a la contratación formal.
Los FAL serán fondos fiduciarios financieros autorizados por la Comisión Nacional de Valores (CNV) que los empleadores deberán elegir para constituir su previsión por despido. De esta forma, se construirá así un mercado de FAL con ahorros de previsión por despido que sumará fondos al mercado de capitales.
Bien instrumentado, puede ser una transformación modernizadora de alto vuelo.
Lo que sigue faltando
Sigue faltando acompañar estas medidas pensadas para las empresas pequeñas, medianas y grandes con acciones para la microempresas con menos de 10 trabajadores.
El proyecto de reforma laboral propone -acertadamente- que los acuerdo de empresa tendrán prelación sobre los convenios colectivos de actividad, rama u ocupación. Actualmente, un acuerdo de empresa solo puede sumar beneficios a los convenios de actividad, rama u ocupación. Con la reforma laboral, los acuerdos de empresas podrán negociar condiciones laborales totalmente nuevas que se ajusten solo a la Ley de Contrato de Trabajo, no a los convenios colectivos viejos del año 1975 y 1987 que están vivos por la ultraactividad.
Pero para que esto sea posible es imprescindible que la Secretaría de Trabajo pueda habilitar a los trabajadores de las empresas a firmar su propio acuerdo con su empleador, prescindiendo del sindicato de actividad con personería gremial. De hecho, en 1995, en la Ley Pyme, actualmente vigente, se habilita los convenios por empresas, pero con el sindicato central con personería gremial. Obvio que ningún sindicato central quiso firmar ningún acuerdo con alguna pyme y este aspecto de la Ley Pyme quedó en el olvido hundido por el rotundo fracaso. Por eso, no hay que repetir similar fracaso y permitir en la nueva ley de reforma laboral a la Secretaría de Trabajo a habilitar a los trabajadores de las empresas a celebrar sus propios acuerdos.
Que el acuerdo por empresa prevalezca sobre el convenio colectivo sectorial es una solución implementable por las empresas pequeñas y medianas, que tiene cierta capacidad de gestión administrativa. Para la microempresas (menos de 10 trabajadores) habría que eximirlas directamente de cumplir con cualquier convenio colectivo. Que se ajusten a cumplir con la Ley de Contrato de Trabajo y con el Salario Mínimo Vital y Móvil.
Si a esto se le suma un mínimo no imponible sobre la masa salarial para contribuciones patronales, implicaría que las microempresas (menos de 10 trabajadores) no pagarían contribuciones patronales. Las pequeñas y medianas pagarían un poco menos y las grandes pagarían como ahora, por el tema de costo fiscal.
Sin aplicación de convenios colectivos de trabajo y un mínimo no imponible sobre la masa salarial por contribuciones patronales se potenciarán los incentivos a los microempresas (menos de 10 trabajadores) para formalizar sus puestos de trabajo. Segmento donde se concentra el 80% del empleo informal.
La nueva reforma laboral que propone el gobierno va en la dirección correcta. Pero muy pensada para las medianas y grandes empresas. Si se suman acciones para las micro y pequeñas empresas puede tener chances de ser un motor de formalización laboral.
