En un país sometido a un deterioro económico, social e institucional cada vez más profundo, el Gobierno dedica sus energías a modificar las reglas electorales para protegerse de las consecuencias políticas de su propio fracaso. Mientras la crisis golpea a las mayorías, la prioridad oficial parece ser suprimir cualquier instancia capaz de medir anticipadamente el alcance de su debilidad.
El Gobierno quiere hacer pasar por una jugada maestra lo que en realidad es una maniobra defensiva: eliminar las PASO para no someterse a una medición nacional en agosto. Parte de la crítica opositora, al denunciar una operación capaz de despejarle el camino hacia 2027, termina colaborando con esa puesta en escena. Le atribuye al oficialismo una astucia, una capacidad de control y un poder de fuego que no tiene, en lugar de exponer lo que la reforma revela: la impotencia de un gobierno que teme mostrar sus relaciones de fuerza.
El debate queda así atrapado entre dos simplificaciones enfrentadas, pero funcionales entre sí. El Gobierno presenta la reforma como una medida de ahorro fiscal, eficiencia procedimental y racionalización del calendario. Sus críticos defienden las PASO como si fueran la herramienta de empoderamiento opositor por antonomasia. Ambas posiciones desplazan la pregunta central: ¿qué problema intenta resolver el oficialismo y qué riesgo cree neutralizar mediante su eliminación?
Conviene despejar primero la mitología mediática que supone que las PASO obligan a los actores políticos a hacer cosas que raramente han hecho. Desde la primera implementación de esta regla, la competencia interna y la integración de listas fueron ocasionales, mientras el "dedazo" siguió primando en la selección de las candidaturas más relevantes. De allí que suela describirse a las PASO como una "gran y costosa encuesta nacional".
Pero la metáfora no debe tomarse literalmente: las primarias no predicen la elección general ni congelan la oferta futura. Su importancia reside en producir una medición nacional, simultánea y con votos reales, capaz de hacer público su escaso apoyo y de organizar las percepciones de viabilidad.
Si se despeja la retórica, el razonamiento atribuido al oficialismo —y reproducido por buena parte de sus críticos como si describiera una estrategia infalible— puede reconstruirse como una cadena bastante precisa:
La solución consistiría, entonces, en eliminar agosto, llegar directamente a octubre con una oposición dividida y obtener allí el 40% más la diferencia requerida. La apariencia de sofisticación proviene de encadenar tantos eslabones que las contingencias terminan pareciendo un mecanismo causal. Pero cada flecha presupone una condición que la regla electoral no produce ni el Gobierno controla:
Ahora bien, ¿qué relación existe entre la supresión de las PASO y el cumplimiento de cada una de estas condiciones? Mucha menos de la que la ficción estratégica da por sentada.
La eliminación de las PASO no borra agosto del calendario político. Sin primarias, será el mes de inscripción de las alianzas y candidaturas para octubre. La situación económica, las encuestas, los resultados provinciales y la popularidad presidencial condicionarán entonces la negociación definitiva.
Con PASO, agosto ofrecería una fotografía electoral: la fragilidad oficialista quedaría públicamente cuantificada, pero con las alianzas ya constituidas, las candidaturas inscriptas y los socios jurídicamente contenidos dentro del mismo agrupamiento. Sin PASO no habría una imagen tan nítida, pero esa debilidad sería igualmente percibida por los actores políticos durante la negociación. Los socios del Gobierno —con quienes mantiene vínculos tensos y conflictivos— tendrían pocos incentivos para permanecer adentro si anticiparan una derrota. Podrían escindirse y competir con sello propio, sustrayéndole votos que hoy considera asegurados.
La reforma, entonces, no elimina el costo político de la fragilidad oficialista en agosto: modifica quién lo calcula y fija su monto. El Gobierno evita que los votantes le pongan precio en las urnas, pero se expone a que sus propios aliados se lo cobren —con intereses— en la mesa de negociación.
LLA aspira a repetir el año que viene el 40,66% obtenido en las elecciones legislativas de 2025. Pero ese porcentaje no es un stock transferible: depende tanto de los votos oficialistas como del total de votos válidos positivos.
Es esperable que ese total aumente en 2027, porque las elecciones presidenciales suelen ser más convocantes que las legislativas. Además, la ausencia de PASO podría elevar todavía más la participación en octubre: sin una elección previa, menos decisiva y menos concurrida, se reduciría la fatiga electoral y toda la movilización ciudadana se concentraría en los comicios definitivos.
Así, aun si LLA conservara intacto su caudal de votos, una mayor participación reduciría su porcentaje y la alejaría del umbral del 40%. La paradoja es contundente: al suprimir las PASO para despejar su camino hacia octubre, el Gobierno podría terminar socavando la propia base numérica sobre la que descansa su estrategia.
Una premisa central del cálculo oficialista sostiene que Milei encabeza porque "no hay nadie enfrente". Esta idea, no obstante, confunde la ausencia de un segundo consolidado con una fortaleza propia del primero. Su ventaja puede ser puramente relacional: aparece al frente porque el voto opositor se distribuye entre varios actores, no porque esos electores se vuelvan más proclives a votarlo.
A la vez, partiendo de aquella premisa, el oficialismo busca impedir que alguna candidatura opositora adquiera suficiente viabilidad para convertirse en punto focal. Para ello, propone suprimir la instancia de las PASO, en el entendido de que estas catapultan automáticamente al segundo, transformándolo en el "candidato natural" de una oposición imaginada, además, como una unidad homogénea.
Sin embargo, la evidencia disponible deja al desnudo esa mitología. En las cuatro PASO presidenciales celebradas hasta ahora, el agrupamiento ubicado segundo ganó finalmente la presidencia solo una vez —Cambiemos en 2015— y en dos ocasiones —UDESO en 2011 y JxC en 2023— descendió al tercer lugar en la elección general. Si además consideramos que en tres de los cuatro casos ganó un agrupamiento opositor, vemos que las PASO no inducen el batacazo del segundo ni constituyen un mecanismo particularmente eficaz para ordenar la oferta opositora.
También es falaz congelar la oferta actual y proyectarla hacia 2027. En todos los ciclos presidenciales de este siglo, el escenario existente en agosto del año previo a la elección cambió sustancialmente antes de llegar a las urnas. Una encuesta mide preferencias frente a las opciones disponibles en ese momento; no pronostica el voto ante una oferta que todavía no existe.
Sin PASO desaparece una señal institucionalizada, pero no se congelan las candidaturas, las alianzas ni las percepciones de viabilidad. No es que no haya nadie enfrente: hay muchos, aunque todavía ninguno ocupe el frente. Confundir esa vacancia transitoria con una victoria anticipada de Milei es negacionismo electoral funcional al oficialismo.
La cuarta condición exige que la esperable multiplicación de candidaturas en octubre perjudique exclusivamente a las oposiciones. No obstante, la eliminación de las PASO no permite asignarle un dueño a la fragmentación: pueden proliferar candidaturas tanto en el campo opositor como en el espacio ideológico del que el Gobierno obtiene apoyos. Tampoco determina cómo se comportarán esos electores en octubre.
El cálculo oficialista combina, en efecto, dos expectativas contrapuestas. Por un lado, supone que los votantes opositores permanecerán dispersos y elegirán su alternativa favorita. Por otro, espera que quienes apoyen a partidos menores próximos al oficialismo los abandonen estratégicamente para concentrarse en Milei. El razonamiento espera miopía entre los adversarios y sofisticación dentro del propio campo: necesita que unos voten por sus preferencias y los otros, en función de sus expectativas.
En suma, el Gobierno confía en que la eliminación de las PASO dispersará las preferencias opositoras, pero no las oficialistas; postergará la coordinación de sus adversarios, pero adelantará la de sus aliados; y ocultará su debilidad ante el electorado sin modificar los incentivos de los dirigentes que mejor pueden anticiparla.
La apuesta oficialista se vuelve más problemática al considerar la naturaleza de su apoyo. Que Milei conserve niveles relativamente altos de adhesión pese al ajuste no prueba que ese respaldo sea sólido. Puede indicar lo contrario: tolerar costos elevados expresa la expectativa de recibir una retribución futura, no una disposición a soportarlos indefinidamente.
Esos votantes siguen acompañando porque confían en que el sacrificio presente produzca resultados futuros. El costo hundido puede reforzar inicialmente el compromiso: abandonar implicaría admitir que lo perdido fue inútil. Pero ese mecanismo solo funciona mientras la promesa conserve credibilidad. Cuanto mayor y más prolongada es la inversión, mayor es también la deuda política que el Gobierno debe saldar.
Si la expectativa se rompe, la caída puede ser abrupta: lo vivido como una inversión dolorosa pasa a percibirse como una pérdida inútil. El mismo mecanismo que hoy demora la deserción puede multiplicarla mañana. El tiempo no licúa la deuda, sino que la encarece mediante la acumulación de intereses.
Dentro del apoyo oficialista también hay votantes conformistas. Ya no aguardan la prosperidad extraordinaria prometida: pueden conformarse con que baje la inflación, con que el empobrecimiento avance de manera gradual y poco perceptible, o con creer que se evitó algo peor. Mientras no haya una ruptura visible, pueden renovar su respaldo por inercia.
Solo si este tipo de votante constituyera la mayoría de la base electoral de LLA, la supresión de las PASO tendría una racionalidad: evitar que la medición de agosto transforme un desgaste gradual en un shock político capaz de acelerar la deserción. Pero incluso bajo ese supuesto, la apuesta es frágil, ya que el deterioro continuo difícilmente deje intacto ese núcleo. La inercia puede demorar la ruptura, pero no sostener indefinidamente el apoyo. Eliminar las PASO evita un shock controlable, pero no las condiciones objetivas que lo vuelve cada vez más probable.
Es en este punto donde la promesa de una mejora económica sustancial comienza a revelar su carácter de estafa política. Si el Gobierno creyera que el escenario prometido va a producirse, no tendría motivos para temer una medición electoral intermedia.
Si la recuperación extraordinaria llegara antes de agosto, el oficialismo debería querer que las urnas la registraran; si llegara entre agosto y octubre, una PASO desfavorable no debería impedir una remontada épica que demostrara que el esfuerzo finalmente valió la pena. Y si no llegara nunca, eliminar las PASO tampoco resolvería nada: apenas postergaría la auditoría electoral. La contradicción es evidente: se atribuye a la recuperación prometida la capacidad de transformar la realidad y, al mismo tiempo, la impotencia para revertir una fotografía tomada dos meses antes.
La supresión de las PASO revela, entonces, que el Gobierno no confía en una recuperación capaz de modificar esa escena. Teme que, para agosto, el deterioro ya sea suficientemente profundo y visible, y que una derrota lo convierta en un veredicto público cuasi irreversible. La reforma no elimina el fracaso: intenta evitar que, antes de octubre, tenga fecha, cifra y traducción electoral.
Nada de esto equivale a reivindicar las PASO. Cuestionar su desempeño no exige atribuir efectos mágicos a su eliminación ni aceptar la reforma oficialista como una maniobra infalible.
Por el contrario, la iniciativa puede producir el efecto inverso al buscado: en su intento de ocultar la debilidad gubernamental, termina exponiéndola. Revela que el Gobierno desconfía de la solidez de su apoyo, de la persistencia de su 40% y de la llegada de la recuperación económica prometida. No estamos ante la jugada de un actor imbatible que deja a sus adversarios contra las cuerdas, sino ante el repliegue de quien intenta ganar tiempo y evitar que se conozca el tanteador.
La crítica no debería engrandecer esa maniobra defensiva atribuyéndole una astucia inexistente, sino exponer sus límites y actuar en consecuencia. El desgaste oficialista no se transforma automáticamente en retroceso político: puede prolongarse si toda expectativa de cambio queda subordinada al calendario de 2027. La respuesta, por lo tanto, no puede delegarse en una PASO futura ni reducirse a la ingeniería de candidaturas.
De PASO, cañazo: el Gobierno apuesta a llegar a 2027 sin que se mida públicamente cuánto poder perdió. Pero la supresión de las primarias no elimina la incertidumbre: apenas la traslada al cierre de alianzas y posterga hasta octubre la primera medición electoral de alcance nacional.
Por eso, defender las PASO por la sola razón de que Milei busca eliminarlas constituye un error conceptual; suprimirlas para evitar que el desgaste oficialista quede expuesto antes de la elección general implica subordinar las reglas electorales a una conveniencia coyuntural.
