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Milei pidió frenar "otras discusiones" y avanzar con una dura ley por Malvinas: penas de hasta 20 años
El Gobierno envió al Congreso un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que cambia el régimen contra la explotación de recursos en Malvinas y la Plataforma Continental. Crea un Consejo de Seguridad Nacional, suma herramientas para responder a amenazas externas y endurece las restricciones sobre empresas, financiamiento e influencia extranjera.
El Gobierno llevó al Congreso un nuevo régimen para endurecer las sanciones contra quienes exploten recursos naturales sin autorización argentina en las Islas Malvinas y la Plataforma Continental. La iniciativa, denominada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, también crea un Consejo de Seguridad Nacional y amplía las herramientas del Estado frente a amenazas externas.
El proyecto ingresó a la Cámara de Diputados con las firmas del presidente Javier Milei y de los ministros Pablo Quirno, Carlos Presti, Luis Caputo y Diego Santilli. Desde la Casa Rosada lo presentaron como "un hito en el proceso de recuperación de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur".
En el comunicado oficial se remarcó: "Todos los argentinos, de todas las edades y de todos los rincones del país, reconocen en Malvinas una causa nacional, y en su recuperación, una promesa que cada generación hereda de la anterior".
Penas de hasta 20 años por explotar recursos en Malvinas
Uno de los cambios centrales es la derogación del actual régimen de la Ley 26.659 y su reemplazo por otro más amplio. Las prohibiciones dejarían de concentrarse únicamente en los hidrocarburos para alcanzar cualquier aprovechamiento no autorizado por la Argentina de recursos naturales renovables y no renovables en Malvinas, sus espacios marítimos e insulares y la Plataforma Continental.
Entre los principales cambios que propone la iniciativa aparecen:
- Penas de hasta 20 años de prisión, además de multas e inhabilitaciones.
- Las sanciones podrían alcanzar a empresas, proveedores, socios, accionistas y controlantes.
- Las compañías sancionadas podrían quedar inhabilitadas para desarrollar actividades económicas en la Argentina.
- Se crearía un registro público de infractores y se incorpora el juicio en ausencia para los delitos contemplados por la norma.
La Casa Rosada explicó que el proyecto se sostiene sobre tres pilares: "castigar a quienes explotan nuestros recursos naturales de forma ilegítima; generar los incentivos para que cesen en esa conducta; y dotar al Estado Nacional de herramientas para protegerse frente a amenazas externas".
El Ejecutivo también planteó la necesidad de "agravar las sanciones penales contra quienes ilegítimamente hacen negocios en nuestro territorio, sus accionistas y proveedores", al considerar insuficiente la legislación vigente.
Un nuevo Consejo de Seguridad Nacional
La iniciativa propone crear un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente e integrado permanentemente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica.
El organismo tendrá la misión de coordinar las áreas diplomática, económica, militar, jurídica, cibernética y de inteligencia. También intervendrá en la protección de infraestructura considerada crítica para el país.
El Gobierno sostuvo que "la República Argentina debe tener un marco normativo integral y coordinado para la defensa de su soberanía" y agregó: "Todo lo que se hizo en el pasado resultó insuficiente e ineficaz para defender de manera efectiva la Causa Malvinas".
Uso de la fuerza ante amenazas aéreas y marítimas
Otro punto relevante establece mecanismos para actuar frente a aeronaves o embarcaciones consideradas hostiles. Para las primeras se prevé una secuencia progresiva que incluye identificación, advertencias y demostración de fuerza. Como último recurso, podría autorizarse el uso de la fuerza por orden expresa del Presidente, facultad que podría delegarse en el ministro de Defensa.
En el caso de los buques, el proyecto contempla persecución, inspección, disparos de advertencia e inutilización. El hundimiento sería excepcional y necesitaría autorización presidencial; además, no podría utilizarse como sanción contra una embarcación civil ni únicamente para impedir su fuga.
Nuevos delitos por injerencia extranjera
La propuesta también endurece las reglas frente a la influencia extranjera. Prohíbe aportes de extranjeros sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras a partidos y campañas políticas, y crea delitos vinculados con operaciones clandestinas de inteligencia.
Entre ellos se contemplan acciones financiadas o realizadas por cuenta de actores extranjeros destinadas a "alterar procesos electorales", "manipular la opinión pública" mediante campañas coordinadas de "desinformación masiva" o promover "actos de violencia o sabotaje contra el Estado". Para algunos de esos delitos, el proyecto contempla penas de entre cinco y 12 años de prisión.
El pedido de Milei al Congreso
Con la iniciativa ya en Diputados, Milei reclamó acelerar su tratamiento e invitó "a toda la dirigencia política a poner una pausa a otras discusiones" para darle "máxima prioridad y celeridad" al proyecto.
El Presidente cerró el mensaje con otra definición sobre Malvinas: "No podemos darle el lujo a quienes usurpan nuestro territorio de no trabajar juntos para la recuperación de nuestras Islas Malvinas que son y serán argentinas".
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