La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el director de la Gendarmería Nacional, Claudio Brilloni, confirmaron que contraerán matrimonio el próximo 12 de octubre en la provincia de Córdoba.
El anuncio de la boda trasladó de inmediato la atención al debate político debido al evidente cruce de funciones que rodea a la pareja.
Los cuestionamientos principales recuerdan que Brilloni se encontraba formalmente retirado y regresó al servicio activo por disposición directa de la propia Monteoliva, cuando se desempeñaba en la cartera bajo la conducción de Patricia Bullrich.
Al cruce de jerarquías se suman las denuncias públicas sobre presuntas irregularidades y falta de transparencia en la gestión del jefe de la fuerza, vinculadas a licitaciones bajo sospecha de sobreprecios.
En este contexto, el ruido mediático impacta de lleno en la estrategia electoral del oficialismo, dado que la oficialización del lazo en territorio cordobés coincide con las aspiraciones de Monteoliva de consolidar su perfil público para competir por la gobernación de esa provincia.
Como era de esperarse, la noticia de este romance no cayó bien dentro de las filas de la Gendarmería.
Entre el personal subalterno y los efectivos existe un marcado malestar provocado por el constante retraso salarial y las deficientes prestaciones médicas derivadas del polémico convenio que el Ministerio de Seguridad firmó con la prepaga Medicus.
Los agentes expresan su descontento ante una cúpula que celebra eventos personales mientras la fuerza padece un plan de cobertura con cartillas recortadas y altos copagos en el interior del país.
