Malvinas contra todos

La reacción del Gobierno frente al avance del proyecto petrolero Sea Lion y la decisión de reactivar la Base Naval Integrada de Ushuaia pueden leerse, a primera vista, como un endurecimiento de la política argentina sobre Malvinas. Sin embargo, casi ninguna de las herramientas anunciadas constituye una innovación sustantiva. La reivindicación de soberanía es permanente; las sanciones contra actividades hidrocarburíferas no autorizadas tienen antecedentes; la proyección antártica desde Tierra del Fuego forma parte de políticas estatales anteriores y la Base Naval Integrada comenzó a construirse en 2022 sobre un programa técnico definido años antes.

La novedad, por lo tanto, no parece residir tanto en lo que el Estado argentino decidió hacer como en el lugar político desde donde ahora decide hacerlo. Un gobierno que construyó buena parte de su identidad sobre el liberalismo radical, la reducción del Estado y una inserción internacional fuertemente identificada con Occidente comienza a adoptar, frente a Malvinas, categorías que pertenecen a una tradición diferente: interés nacional, recursos estratégicos, infraestructura militar, territorio, poder estatal y autonomía de decisión. En ese desplazamiento aparece una cuestión más profunda. Malvinas no es solamente una disputa bilateral con el Reino Unido. Funciona como una anomalía capaz de introducir tensión en casi todos los sistemas de pertenencia política dentro de los cuales la Argentina intenta ubicarse.

Lo clásico antes que lo nuevo

Conviene comenzar por aquello que no cambió. La Base Naval Integrada de Ushuaia no nació con el anuncio presidencial de septiembre de 2026. El inicio formal de su construcción fue realizado en marzo de 2022, durante la gestión de Alberto Fernández, y el Ministerio de Defensa la presentó entonces como una infraestructura destinada a fortalecer la presencia nacional en el Atlántico Sur y ampliar las capacidades logísticas hacia la Antártida. La documentación oficial posterior remite incluso a un plan de necesidades definido en 2010.

Tampoco es novedosa la pretensión de convertir a Ushuaia en una plataforma de servicios antárticos ni la idea de articular el extremo fueguino con Petrel, el sistema de bases argentinas, los medios navales y aéreos y las campañas del Comando Conjunto Antártico. En 2022, además, se creó una Guarnición Militar Conjunta en la provincia, con despliegues previstos de Ejército, Armada y Fuerza Aérea y una explícita referencia a la proyección sobre el Atlántico Sur y la Antártida.

Incluso materialmente, la situación actual obliga a moderar cualquier idea de ruptura. El último grado de avance físico oficial informado para la Base Naval Integrada es de 9,13%. Durante 2024 no recibió inversión presupuestaria sustantiva y las tareas posteriores fueron parciales. Lo anunciado en 2026 es, en consecuencia, una reactivación política y financiera de una obra existente, no el nacimiento de una doctrina naval desconocida. Lo novedoso de este año es, probar con plata -algo sí anunciado.

Algo semejante ocurre con Malvinas. La Constitución establece la recuperación del ejercicio pleno de soberanía como objetivo permanente e irrenunciable; los mecanismos para sancionar actividades económicas no autorizadas alrededor de las islas tienen antecedentes y el respaldo regional a la reanudación de negociaciones con el Reino Unido volvió a expresarse este año en la Organización de Estados Americanos (OEA). Lo extraordinario de septiembre no está en la aparición de una nueva política de Estado, sino en que una política clásica consiguió entrar con una fuerza inesperada en el gobierno de Javier Milei, cuya concepción original parecía tener dificultades para incorporarla.

La primera disrupción es doméstica

La propuesta electoral -y partidaria- argentina que llegó al poder en 2023 presentaba una singularidad respecto de otras nuevas derechas contemporáneas. No porque estuviera completamente desprovista de referencias patrióticas, sino porque su corriente dominante no provenía del nacionalismo tradicional. El núcleo doctrinario de Javier Milei era, y continúa siendo, libertario. Su unidad moral fundamental es el individuo y su concepción del Estado parte de una profunda sospecha sobre cualquier atribución que exceda la protección de la vida, la libertad y la propiedad.

Esto la diferencia parcialmente de otras derechas de la región y del mundo. Donald Trump puede combinar desregulación económica con "America First"; Jair Bolsonaro articuló liberalización con Fuerzas Armadas, soberanía y una retórica nacional intensa mientras que José Antonio Kast incorpora orden, frontera y nación sin experimentar una contradicción doctrinaria equivalente. En la experiencia argentina, en cambio, la fórmula electoral de 2023 reunió corrientes que podían coincidir en numerosos adversarios pero que no tenían necesariamente la misma idea de Nación. El liberalismo radical de Milei convivió desde el origen con una sensibilidad nacional-conservadora más reconocible en otros integrantes de la coalición.

La diferencia importa porque el nacionalismo clásico supone algo que el anarco-liberalismo acepta con dificultad: que la Nación puede constituir un sujeto colectivo cuyos intereses justifican costos presentes, inversión estatal de largo plazo, preservación de recursos, restricciones a determinados actores privados o construcción de capacidades que no encuentran una explicación suficiente en el beneficio económico inmediato de cada ciudadano.

Durante buena parte de los primeros años de gobierno esa tensión se resolvió, en términos generales, a favor del componente liberal. La política exterior privilegiaba afinidades ideológicas, la apertura económica aparecía como principio general y el propio Presidente podía separar su reivindicación diplomática de Malvinas de una relación especialmente cordial con figuras y países centrales de Occidente. La reacción reciente introduce una modificación. El Gobierno dispone recursos para infraestructura militar, incorpora los recursos naturales a una narrativa de seguridad nacional y anuncia sanciones contra quienes participen en la explotación de hidrocarburos en las islas.

No es una conversión completa al nacionalismo. Pero sí parece la primera ocasión en la cual, frente a una cuestión sustantiva, la lógica nacional consigue imponerse sobre afinidades que hasta ahora parecían más estructurantes.

Malvinas contra las afinidades

Sea Lion ofrece un ejemplo particularmente claro. El proyecto es operado por Navitas Petroleum, una empresa que cotiza en Tel Aviv y posee el 65% de participación, mientras Rockhopper mantiene el 35% restante. La administración Milei ha convertido a Israel en uno de sus socios internacionales de mayor proximidad política y simbólica. Sin embargo, el Gobierno decidió avanzar con medidas que pueden afectar a empresas, accionistas, directores y proveedores vinculados con un proyecto que la Argentina considera ilegítimo.

La contradicción sería sólo aparente desde una lógica estatal tradicional. Israel puede ser un aliado y una empresa vinculada a capitales israelíes puede, al mismo tiempo, afectar un interés argentino. Lo llamativo es que esta distinción resulte tan nítida en un gobierno cuya política exterior inicial tendía a organizar el escenario internacional a partir de familias ideológicas.

Chile presenta otra variante. Milei y Kast comparten una importante afinidad política. Sin embargo, cuando la discusión toca el Estrecho de Magallanes o la proyección oceánica de ambos países, reaparece inmediatamente la geografía. El comunicado conjunto del 3 de septiembre reafirmó la cooperación antártica y el apoyo chileno al reclamo argentino de negociación por Malvinas, pero también recordó de manera explícita que el régimen jurídico vigente reconoce la soberanía chilena sobre la totalidad del Estrecho.

En ambos ejemplos ocurre algo elemental que las afinidades partidarias tienden a ocultar: los gobiernos pueden pertenecer a una misma familia ideológica sin que sus Estados tengan los mismos intereses. La geografía no participa de internacionales partidarias.

Malvinas obliga al mileísmo a reconocer esa diferencia porque atraviesa algunos de sus vínculos preferenciales. Lo hace con Israel por Sea Lion, con Chile por la arquitectura austral y, sobre todo, con Estados Unidos y el Reino Unido por la propia definición del espacio occidental.

Una grieta occidental y hemisférica

Para cualquier gobierno argentino que procure una inserción estrecha en Occidente, Malvinas representa una dificultad estructural. La Argentina reclama soberanía sobre un territorio administrado por el Reino Unido, uno de los actores militares, diplomáticos y de inteligencia más importantes del sistema occidental y uno de los aliados más próximos de Estados Unidos. No es una contradicción creada por Milei, pero resulta particularmente incómoda para una política exterior que hizo del alineamiento occidental una definición identitaria.

La Argentina puede acercarse a Washington, profundizar su relación con Israel, mejorar sus vínculos con la OTAN y compartir posiciones con gobiernos europeos. Pero ese movimiento siempre contiene un asterisco: uno de los integrantes centrales de ese mismo espacio administra un territorio cuya soberanía la Constitución argentina ordena recuperar por medios pacíficos.

La reciente actitud de Trump no elimina la contradicción, pero la vuelve menos estable. El Presidente estadounidense afirmó a fines de agosto que estaba revisando la posición de su país sobre Malvinas. No dijo que Estados Unidos apoyaría el reclamo argentino y no existe fundamento para presentar a Trump como un dirigente anticolonial. Su política exterior es profundamente transaccional y la revisión puede funcionar, entre otras cosas, como instrumento de presión sobre Londres.

Sin embargo, el marco conceptual estadounidense sí se ha modificado. La actual Estrategia de Seguridad Nacional reivindica un "corolario Trump" de la Doctrina Monroe y sostiene que Estados Unidos pretende impedir que competidores no hemisféricos controlen activos estratégicos o posiciones sensibles en las Américas. La Casa Blanca volvió además a citar el principio histórico según el cual los continentes americanos no deberían ser objeto de nuevas formas de colonización por potencias europeas.

Nada de eso conduce automáticamente a Malvinas. Pero vuelve menos cómoda una narrativa que durante décadas podía mantenerse sin demasiada discusión en Washington. Si el hemisferio vuelve a ser pensado como un espacio estratégico específico, las persistencias territoriales europeas dentro de él dejan de ser completamente invisibles. La contradicción no obliga a Estados Unidos a elegir a la Argentina sobre el Reino Unido; simplemente hace que la cuestión vuelva a entrar en una conversación de la cual había quedado prácticamente excluida.

Y allí aparece su reverso latinoamericano. La misma anomalía que incomoda una política exterior occidentalista proporciona un recurso extraordinario para discursos autonomistas o antiestadounidenses en América Latina. La cuestión Malvinas ha recibido durante décadas respaldo de organizaciones regionales y este año la OEA volvió a adoptar por aclamación una declaración que reclama la reanudación de negociaciones entre la Argentina y el Reino Unido.

Para sectores latinoamericanistas, Malvinas permite señalar los límites de una arquitectura internacional que proclama determinados principios pero no resuelve una controversia de descolonización en el Atlántico Sur. Para gobiernos que buscan mayor autonomía frente a Washington, funciona como argumento sobre las asimetrías de la relación hemisférica. Y para quienes prefieren acercamientos con China o Rusia, puede convertirse en una justificación adicional de una política de pivote: si Occidente no ofrece una respuesta satisfactoria a un interés considerado central, la diversificación de vínculos aparece como instrumento de negociación y reposicionamiento.

Sería excesivo afirmar que Malvinas empuja a la Argentina hacia China o Rusia. Pero la disputa crea un espacio discursivo en el cual esos movimientos pueden ser presentados como autonomía frente a una contradicción occidental no resuelta. Para una derecha occidentalista, Malvinas resulta incómoda porque impide una identificación completa con Occidente; para una izquierda o un nacionalismo latinoamericanista, resulta útil porque permite cuestionar la legitimidad de ese mismo orden. El mismo hecho alimenta narrativas opuestas.

En ese sentido, Malvinas está efectivamente "contra todos": no porque enfrente a la Argentina con todos los actores, sino porque contradice las simplificaciones de casi todos.

Una Argentina más marítima

Hay además una consecuencia menos ideológica pero igualmente importante. Malvinas obliga periódicamente a la Argentina a reconsiderar su propia geografía. La representación tradicional del país continúa siendo profundamente terrestre: territorio continental, provincias, fronteras cordilleranas, producción agrícola y corredores interiores. Sin embargo, una parte decisiva de sus intereses se encuentra en el mar.

La discusión sobre Sea Lion vuelve visible esa dimensión de manera inmediata. El conflicto no se refiere solamente a dos islas sino también a espacios marítimos, recursos hidrocarburíferos, pesca, rutas de navegación y proyección sobre el Atlántico Sur. La Base Naval Integrada de Ushuaia y la política antártica agregan otra escala: la Argentina no necesita únicamente reclamar soberanía, sino disponer de puertos, buques, sensores, comunicaciones y capacidades logísticas que permitan administrar los espacios sobre los cuales ya ejerce jurisdicción y proyectarse hacia aquellos en los que sostiene intereses.

Desde esta perspectiva, la reactivación de Ushuaia tiene un valor que excede ampliamente a Malvinas. No modifica por sí sola el equilibrio militar con el Reino Unido y tampoco inaugura una doctrina antártica. Su importancia radica en transformar una ventaja geográfica en una capacidad estatal más consistente. Ushuaia, Petrel, el puerto comercial, el aeropuerto, el despliegue conjunto de las Fuerzas Armadas y las telecomunicaciones sólo adquieren verdadera relevancia estratégica cuando dejan de ser proyectos separados y comienzan a funcionar como partes de un sistema.

Tal vez allí exista uno de los efectos positivos de una disputa que continúa sin resolverse. Malvinas mantiene presente una dimensión marítima y bicontinental de la Argentina que de otro modo puede volver a desaparecer detrás de sus urgencias continentales. Recuerda que la soberanía no consiste únicamente en poseer territorio, sino también en conocerlo, custodiarlo, conectarlo y desarrollar capacidades para permanecer en él.

La anomalía permanente

La reacción política de los últimos días consiguió algo poco frecuente: recibió acompañamiento de sectores opositores y obligó a un gobierno libertario a adoptar un lenguaje clásico de Estado nacional. Esa capacidad de agregación no debería confundirse con unanimidad ni con ausencia de discusión sobre los instrumentos elegidos. Pero confirma que Malvinas conserva una función particular dentro de la política argentina: puede producir unidad precisamente porque se ubica por encima de las identidades partidarias habituales.

Al mismo tiempo, esa unidad interna se construye alrededor de una cuestión que introduce tensiones externas. Malvinas acerca a sectores nacionales que discrepan en casi todo, pero incomoda la relación con el Reino Unido; atraviesa la asociación con Israel cuando aparecen los inversores de Sea Lion; limita cualquier identificación automática con Occidente; obliga a los Estados Unidos a administrar una contradicción dentro de su propia lógica hemisférica; y proporciona a los discursos latinoamericanistas un argumento permanente para discutir la arquitectura del poder continental.

Por eso la disputa es más trascendente que la superficie terrestre de las islas o que su valor económico inmediato. Funciona como un punto de presión sobre varias escalas simultáneas: doméstica, marítima, regional, hemisférica y occidental.

Las medidas anunciadas en septiembre de 2026 son, en buena medida, clásicas. La Base Naval Integrada ya existía. La política antártica ya existía. Las sanciones ya tenían antecedentes. La soberanía argentina sobre Malvinas constituye una política constitucional permanente. Si se busca una innovación, probablemente no haya que buscarla en las normas.

Está en la coalición que ahora debe aplicarlas.

Por primera vez desde 2023, una cuestión de política exterior parece haber obligado al componente liberal del Gobierno a aceptar sin demasiados rodeos una lógica que no le es propia: que existen intereses nacionales que no se reducen a preferencias individuales, afinidades ideológicas o beneficios económicos inmediatos; que el Estado puede necesitar construir capacidad por razones estratégicas; y que incluso los aliados tienen intereses diferentes.

Mientras Malvinas permanezca sin resolver, cualquier proyecto argentino de inserción internacional tendrá que convivir con esa tensión. Los occidentalistas deberán explicar cómo integrar plenamente al país en un espacio cuyo integrante central administra las islas. Los latinoamericanistas deberán demostrar que la autonomía discursiva produce capacidades concretas. Los liberales tendrán que decidir hasta dónde llega el mercado cuando aparece la soberanía. Los nacionalistas deberán evitar que la reivindicación reemplace a una política efectiva de poder.

Quizás por eso "Malvinas contra todos" no sea una consigna especialmente hostil. Puede ser, más bien, una descripción del problema: la disputa no invalida una sola orientación política. Las incomoda a todas.

Y mientras continúe abierta, seguirá obligando a la Argentina y a sus socios a recordar que la geografía suele ser bastante menos ideológica que quienes intentan gobernarla.