
CAMBIA EL RÉGIMEN PENAL JUVENIL: desde qué edad podrán ser juzgados los adolescentes

El Gobierno dio un paso clave en la puesta en marcha del nuevo Régimen Penal Juvenil, al reglamentar la Ley 27.801 mediante el Decreto 875/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial.
La norma establece un sistema específico para adolescentes desde los 14 años y hasta las cero horas del día en que cumplen 18 que sean imputados por hechos tipificados como delitos. Además, fija una estructura de coordinación federal, seguimiento de los casos y asistencia a las víctimas.
A quiénes alcanza el nuevo Régimen Penal Juvenil
La ley, sancionada el 27 de febrero y publicada el 9 de marzo, busca fomentar la responsabilidad legal de los adolescentes por sus actos y avanzar en su educación, resocialización e integración social.
En términos prácticos, el régimen alcanza a:
- Adolescentes desde los 14 años y hasta antes de cumplir 18.
- Casos en los que estén imputados por un hecho tipificado como delito.
- Situaciones que requieran seguimiento, reinserción y asistencia a las víctimas.
- Intervención coordinada entre Nación, provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
El Ministerio de Justicia, como autoridad de aplicación
La reglamentación designa al Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación en el ámbito nacional y federal. Desde ahora, tendrá a su cargo la coordinación general del régimen y la articulación con las distintas jurisdicciones.
El objetivo es que la implementación no dependa solo de la instancia judicial, sino que incorpore también herramientas de seguridad, políticas sociales, educación y salud para acompañar el proceso de los adolescentes.
Qué cambia con la nueva reglamentación
Entre los principales puntos del nuevo esquema se destacan:
- La creación de mecanismos de seguimiento individual de los adolescentes alcanzados por la ley.
- La incorporación de medidas de reinserción social y resocialización.
- La previsión de asistencia y acompañamiento para las víctimas.
- La coordinación entre organismos nacionales, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires.
Un comité interministerial para coordinar la aplicación
La reglamentación también crea dentro del Ministerio de Justicia el Comité de Justicia Interministerial del Régimen Penal Juvenil, que funcionará de manera permanente.
Ese comité estará integrado por representantes de los ministerios de Justicia, Seguridad Nacional, Capital Humano y Salud, y tendrá entre sus tareas:
- Elaborar criterios comunes para la prevención, el abordaje y la reinserción de los adolescentes.
- Promover el intercambio de información estadística y técnica.
- Coordinar la ejecución de las penas cuando intervengan distintas áreas del Estado.
- Emitir recomendaciones no vinculantes para la autoridad de aplicación.
Cómo funcionará la Mesa Federal
El decreto creó además la Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil, un ámbito permanente de coordinación entre el Gobierno nacional, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
Su función será armonizar criterios técnicos y procesales, intercambiar experiencias y buenas prácticas, facilitar convenios de cooperación entre jurisdicciones y elaborar recomendaciones para la implementación del nuevo sistema.
Quiénes podrán integrarla
La Mesa Federal estará encabezada por un representante de la autoridad de aplicación y podrá incluir un delegado por cada provincia y por la Ciudad de Buenos Aires.
También podrán participar representantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de la Nación, con el objetivo de garantizar una articulación más sólida entre las distintas instituciones involucradas.
Desde cuándo entra en vigencia
La Ley 27.801 estableció que el nuevo Régimen Penal Juvenil comenzará a regir 180 días después de su publicación en el Boletín Oficial. El decreto, en tanto, dispone que la reglamentación entre en vigencia de manera conjunta con la ley.
Con esta medida, el Gobierno termina de definir la estructura administrativa y federal necesaria para poner en funcionamiento el nuevo sistema penal aplicable a adolescentes de entre 14 y 17 años acusados de cometer delitos.



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