El gobierno del actual presidente Javier Milei ha manifestado en reiteradas ocasiones su intención de avanzar hacia una profunda desregulación de la economía. En ese marco, una de las normas que apareció bajo discusión recientemente es la derogación de la Ley del Libro (Ley 25.542), una legislación que desde hace décadas regula aspectos centrales del mercado editorial argentino, especialmente mediante el establecimiento del precio uniforme de venta al público durante un período determinado de tiempo.
Desde el oficialismo, sus detractores sostienen que esta ley implica una regulación innecesaria que limita la competencia y que los libros deberían venderse como cualquier otra mercancía. No obstante, está claro que esta mirada desconoce que el libro no es una mercancía cualquiera: es un bien cultural cuya circulación tiene efectos directos sobre la educación, la democracia, la producción de conocimiento, y la diversidad de voces que integran una sociedad.
Ante este contexto, es menester resaltar que la derogación de la Ley del Libro no necesariamente produciría un mercado más libre. Por el contrario, lo que haría es concentrar el mercado editorial en manos de unos pocos actores con capacidad financiera para imponer las condiciones.
Ahora bien, ¿quién recibe el golpe más duro si de deroga esta Ley? Las librerías de barrio. Actualmente, una librería independiente y una vinculada a una gran cadena venden el libro al mismo precio. Así, compiten por la calidad de la atención, la recomendación personalizada, la oferta bibliográfica, y el vínculo con los lectores y clientes.
Si desaparece el precio uniforme, las grandes cadenas, supermercados y plataformas digitales podrían ofrecer grandes descuentos sobre los títulos más vendidos. Las librerías de barrio, que trabajan con márgenes más estrechos de ganancia, simplemente no podrían igualar esos precios. De esta forma, muchas librerías de barrio podrían desaparecer a partir de la derogación de la Ley 25.542 que promueve el gobierno.
El resultado de estas medidas ya se observó en países como Estados Unidos e Inglaterra, donde se adoptaron medidas similares que derivaron en cierres masivos de librerías, reducción de la bibliodiversidad y la concentración del mercado editorial en unas pocas manos. Por otro lado, existen leyes como ésta en países desarrollados como Francia, Alemania y Japón, donde existen leyes de precio fijo para los libros que equilibran una sana competencia entre librerías pequeñas y grandes cadenas.
Cabe resaltar, también, que cuando desaparece una librería no sólo se pierde un comercio o una "PYME". Se pierde también un espacio de encuentro, un lugar donde pueden realizarse eventos culturales, de presentaciones de libros, de actividades culturales, y de construcción de comunidades lectoras.
¿Qué otras implicancias tendría la derogación de esta ley? Más allá de las afectaciones a libreros independientes, podemos señalar otras dos consecuencias centrales. En primer lugar, la derogación de esta Ley podría afectar negativamente a autores emergentes. Poetas, ensayistas, y autores no consolidados tendrían menos espacios para vender o presentar sus libros ya que las grandes cadenas siempre promueven autores más comerciales o figuras mediáticas y priorizan la difusión de libros de carácter best-seller.
En segundo lugar, la derogación de esta ley también tendría implicancias negativas en las editoriales independientes. Las pequeñas y medianas editoriales resisten y subsisten, en parte, porque existe un ecosistema del libro medianamente equilibrado entre producción, distribución y venta de libros. Es necesario aclarar que si las pequeñas librerías de barrio desaparecen, también desaparecen los canales en donde estas editoriales independientes venden sus libros.
Así, más allá de aspectos informativos sobre las implicancias de derogar (o no) esta legislación, es necesario resaltar que derogar esta ley puede presentarse como una medida de desregulación económica. Pero el punto central no es su impacto económico, sino su implicancia sociocultural: una sociedad con menos librerías, menos libros, menos editoriales, y menos escritores es una sociedad intelectualmente más pobre.
Por último, es menester resaltar que defender la Ley del Libro es defender el ecosistema cultural argentino. La discusión no debe reducirse a si un libro puede valer unos pesos más o unos pesos menos, o cuánto costarían los libros si se deroga esta ley. La discusión es cuánto le costaría a la sociedad, en términos culturales, perder el tejido social brindado por las librerías de barrio y cuál sería el impacto social de perder la bibliodiversidad que supimos conseguir.
