El gobierno de Javier Milei impulsa el proyecto de reforma política de 78 artículos con el objetivo de alterar de raíz el sistema electoral argentino. La iniciativa, autodenominada Ley de Reforma Integral, abarca la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), modificaciones abruptas en los regímenes de financiamiento, el endurecimiento de los requisitos para fundar partidos políticos y la eliminación de la obligatoriedad del debate presidencial.
Para desentrañar los auténticos motivos y los peligros de esta propuesta, un panel de expertos diseccionó el proyecto de ley la semana pasada en la Universidad Torcuato Di Tella, durante el congreso de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACYP).
Hoy rige un modelo con fallas estructurales evidentes: permite crear partidos políticos con demasiada facilidad, promueve la fragmentación de la oferta electoral a través del reparto indiscriminado de fondos estatales a cada nuevo sello político y establece elecciones internas partidarias poco eficientes. Esta ineficiencia ocurre porque la laxitud del sistema permite a los posibles perdedores fugarse y competir por fuera con una lista propia para no perder protagonismo.
Al evaluar este panorama, Gerardo Sherlis, investigador y politólogo especializado en organizaciones partidarias, explicó que el oficialismo propone el extremo inverso para corregir estas fallas.
Sherlis detalla que la receta del Poder Ejecutivo consiste en elevar los requisitos de forma drástica para la conformación de partidos, quitar el financiamiento público y, en paralelo, eliminar los mecanismos de primarias obligatorias, las PASO, para la selección de postulantes.
"Vista en términos integrales, tenemos una reforma que, si pretende atacar un modelo disfuncional, plantea otro modelo disfuncional".
"Había una vez en que era feliz. Eso fue el comienzo de nuestra democracia en 1983", ironizó Ana María Mustapic. La politóloga y referente de la disciplina recordó que al inicio del período democrático, bajo un sistema bipartidista competitivo, existían apenas 79 partidos políticos. Para el año 2005, el número trepó a 304, lo cual derivó en una dispersión territorial absoluta y en la aparición de maniobras distorsivas como las listas espejo y las colectoras.
Si bien la iniciativa despierta resistencias, existen coincidencias puntuales. Juan Manuel Abal Medina, exjefe de Gabinete y politólogo, respaldó la intención oficial de terminar con la elección directa de los parlamentarios del Mercosur (Parlasur). Según su visión, mantener ese sistema representa un despropósito regional, ya que Argentina es el único país que elige a través del voto popular a los representantes de un cuerpo legislativo carente de competencias reales.
Más allá de ese acuerdo específico, la mirada general del exsenador resultó letal. "Este proyecto se podría entender como reforma antipolítica, porque básicamente apunta contra el funcionamiento de la política", sentenció Abal Medina.
Una de las principales fallas recae sobre la eliminación de las PASO. Al suprimir las primarias sin fijar un mecanismo de reemplazo para organizar las elecciones puertas adentro de los frentes, la conformación de las listas queda al arbitrio de las cúpulas o facciones dominantes. Para Abal Medina, esta omisión choca de frente con el artículo 38 de la Constitución Nacional, el cual obliga a los partidos a garantizar la participación y representación de las minorías internas. Sin reglas claras de competencia, las voces disidentes corren el riesgo de quedar excluidas del mapa.
Lejos de ser una simple medida de austeridad o simplificación, la supresión de las primarias esconde un cálculo de poder implacable. "Estratégicamente, la decisión de suprimir las PASO busca debilitar a los partidos de la oposición y, desde ya, al Partido Justicialista como principal contrincante", detalló Mustapic. La académica explicó que esta regla, creada en 2009, logró de manera paradójica incentivar la cooperación. Ante la amenaza de una contienda abierta, los distintos sectores suelen negociar lugares y conformar listas de unidad. Sin esa herramienta, la disputa interna en espacios opositores, hoy huérfanos de liderazgos ordenadores, tenderá a exacerbarse de forma natural.
Como vía superadora, el panel coincidió en una alternativa: convertir a las primarias en obligatorias para los partidos, pero optativas para los votantes; es decir, pasar de las PASO a unas PAS (Primarias Abiertas y Simultáneas). De este modo, se garantiza un filtro competitivo real sin forzar a la ciudadanía a participar de una instancia previa a la elección general.
Más allá de la dinámica interna partidaria, existe un argumento oficialista validado por los especialistas: el impacto económico de las PASO. Las elecciones primarias suelen funcionar como un censo nacional anticipado capaz de alterar los mercados, disparar el riesgo país y acelerar la dolarización de carteras.
Al respecto, Abal Medina reconoció la legitimidad de esta preocupación y recordó el diseño original de la ley en 2009. En aquel momento, la intención era fijar las primarias en una fecha mucho más cercana a los comicios generales para evitar meses de incertidumbre. Sin embargo, un juez electoral de la provincia de Buenos Aires ejerció su poder de veto e impidió acortar ese margen. Hoy, con mayor tecnología disponible, los analistas coinciden en que reducir ese lapso entre la elección primaria y la general neutralizaría gran parte del riesgo financiero.
Por fuera del congreso en la Universidad Di Tella, el analista político Ignacio Labaqui sumó otra capa de lectura sobre este fenómeno. Según su análisis, la motivación del Gobierno radica en "evitar un evento potencialmente disruptivo: el resultado de las elecciones generales no es necesariamente un calco del resultado de las PASO. Pero estas generan expectativas tanto en electorado como en el mercado financiero. Se trata de un evento con un impacto potencial alto sobre el tipo de cambio, el nivel de riesgo país y el precio de activos financieros".
A su vez, Labaqui expuso la trampa legislativa de la propuesta libertaria. Para aprobar esta modificación, La Libertad Avanza necesita alcanzar una mayoría absoluta, lo cual requiere el apoyo de bloques aliados como el PRO o sectores de la Unión Cívica Radical: "¿Apoyarán los principales perjudicados por el fin de las PASO, hoy aliados del gobierno, una ley que implica un suicidio político? Se vuelve más costoso para los partidos de oposición la formación de alianzas. Con las PASO, si no hay arreglo entre dos facciones partidarias o dos integrantes de una coalición a la hora de definir candidaturas, queda la opción de ir a la interna. Sin las PASO esa opción no está disponible y una negociación tensa tiene altas chances de derivar en una fractura".
La propuesta oficial incluye también modificaciones sensibles casi inadvertidas en la discusión pública. Una de ellas impacta directo sobre el derecho a la información del electorado durante las campañas.
"Este proyecto, sin decirlo, elimina el debate presidencial", reveló Abal Medina. Para el analista, derogar los artículos que lo establecen y lo hacen obligatorio representa un retroceso enorme, motivado por el afán de evitar las situaciones incómodas a las que se expuso el actual mandatario en la última elección.
Asimismo, el Gobierno propone eliminar los espacios gratuitos de publicidad en los medios y reducir de forma drástica el dinero que el Estado aporta a los partidos políticos. A la par de este recorte, la iniciativa busca quitar los límites para los aportes de capitales privados.
Achicar el apoyo económico estatal genera una ventaja enorme para los candidatos con muchos recursos propios o para quienes controlan los grandes medios de comunicación. Para ilustrar este riesgo, María Inés Tula, politóloga experta en sistemas electorales, trazó un paralelismo con el escenario europeo. "Tenemos ejemplos para analizar cómo funcionan aquellos casos en donde se ha cortado el financiamiento público. Ahí tenemos el caso de Italia con Berlusconi. Quien maneja los medios de comunicación sale beneficiado", apuntó.
A la ventaja para los sectores concentrados se suma la desregulación de los fondos privados, una puerta abierta a la opacidad. Frente a este panorama, Gerardo Sherlis aportó una distinción clave para aclarar el debate: los problemas históricos de falta de transparencia provienen del dinero privado, no del público. El especialista explicó que los fondos estatales cuentan con auditorías claras, mientras que los aportes empresariales sufren de controles y sanciones muy débiles.
Por tal motivo, el anuncio de cortar el financiamiento público busca un impacto popular efectista. Representa una medida publicitaria incapaz de solucionar el verdadero drama: la infiltración de capitales ilícitos a causa de la flexibilización de los topes privados. Sobre este peligro, Abal Medina advirtió que liberar las restricciones agrava los problemas: "Ni pensemos en cuestiones vinculadas con el narcotráfico y la corrupción".
En paralelo, la exigencia del proyecto para obligar a los partidos a reunir una mayor cantidad de afiliados choca con una realidad incómoda: los registros partidarios operan como ficciones administrativas. Lejos de reflejar una militancia activa, las nóminas acumulan irregularidades históricas. Abal Medina ilustró este letargo con un dato contundente: "El promedio de edad de los afiliados argentinos es de 68 años". Según el exfuncionario, las vías de salida del padrón exponen el estancamiento del sistema: "¿Cómo se desafilia uno en la Argentina? Solo de dos maneras. Si se quiere cambiar de partido se te cambia automáticamente, o la más común de todas, con el fallecimiento".
A este escenario se suma el hermetismo estatal. Tula relató una experiencia al intentar auditar los registros de afiliados junto a una organización civil y detalló la tajante respuesta de un funcionario del Registro Nacional de las Personas (Renaper): "Respondió una grosería. Dijo que acá no se mete nadie, que a estos padrones únicamente los conozco yo".
En esa línea, Sherlis advirtió sobre quiénes sacan ventaja de esta exigencia: "Pedir más afiliaciones es aumentar esas irregularidades o la oferta que pueden hacer los grupos colectivos como sindicatos, que proveen los paquetes de ficha de afiliación". Es decir, exigir una mayor cantidad de afiliados no mejora la calidad de la participación ciudadana, sino que alimenta el poder de las corporaciones capaces de aportar firmas en bloque.
"No hay ningún país en el mundo que tenga esta combinación", advirtió Andrés Malamud al repasar las rarezas del mapa político argentino, que une un presidencialismo fuerte, un sistema federal y partidos armados a medida de cada provincia. Según el investigador, cualquier cambio en las reglas de juego responde a tres preguntas básicas: para qué se hace, para quién y para cuándo.
En este escenario, La Libertad Avanza despliega una táctica evidente. "Si nosotros optamos por desasociar, llegamos a un nivel de desagregación en el que lo único que cohesiona a la política son los liderazgos carismáticos y las identidades negativas", explicó Malamud. Para el politólogo, el oficialismo basa su poder en este esquema, muy lejos de las viejas estructuras. Por eso, romper a los rivales y desarmar las normas electorales encaja a la perfección con su plan de supervivencia.
A modo de cierre, el politólogo contrastó el pragmatismo actual con los errores de presidencias pasadas: "Las reformas peronistas fueron en contra de sus propios intereses. Los del PRO también hicieron reformas que los perjudicaron". En contraste, concluyó: "La Libertad Avanza es el único partido coherente y consistente. Desasociar, desagregar y romper lo que hay es lo que vinieron a hacer. Es decir que los libertarios son los mejores políticos de este país". La frase resume el espíritu de la iniciativa: una herramienta hecha a medida del gobierno de Milei para aumentar sus chances de reelegir en 2027.
