Censura de papel

Los constituyentes de 1994 diseñaron al jefe de Gabinete como una pieza de atenuación del presidencialismo, una válvula de diálogo entre poderes que el Pacto de Olivos prometía y que la práctica política dejó vacía de contenido. 

Su contracara, la moción de censura del Artículo 101, habilita a cualquiera de las Cámaras a interpelarlo y, con el voto de la mayoría absoluta de ambas, removerlo del cargo. Más de treinta años después, sigue intacta en el texto constitucional y ausente de la práctica política.

A diferencia del juicio político, reservado a delitos o mal desempeño con consecuencias institucionales trascendentes, la censura es un instrumento estrictamente político: no exige acreditar una falta, sólo la pérdida de confianza parlamentaria. Es la traducción argentina, debilitada, del semipresidencialismo europeo, donde el Ejecutivo responde ante el Legislativo a través de un funcionario bisagra que amortigua las tensiones que el propio presidente no puede absorber sin costo político.

La razón por la que no se utilizó este mecanismo es más aritmética que jurídica o política. Activar la censura exige mayorías que ningún bloque opositor reunió jamás de manera estable, y que tampoco existen hoy contra Manuel Adorni, blanco de pedidos cruzados que combinan al kirchnerismo, sectores libertarios descontentos como el de Ramiro Marra y un PRO que juega con la idea de dar quórum. 

El umbral exigido, mayoría absoluta en ambas Cámaras y no de los presentes, convierte al mecanismo en un arma decorativa, funcional a la negociación, pero estructuralmente inejecutable en un sistema de tercios.

En los regímenes parlamentarios europeos la censura compromete al propio Ejecutivo: si cae el jefe de Gobierno, cae el gabinete. España ofrece el contraejemplo más nítido, con la moción de censura constructiva que en 2018 desplazó a Rajoy y consagró a Sánchez sin pasar por las urnas. En Argentina, removido el jefe de Gabinete, el presidente sigue en su cargo y simplemente designa un sucesor. 

El punto más interesante del caso nacional es que Milei no estaría impedido reglamentariamente para volver a nombrar a Adorni luego de su remoción. La censura europea reordena el poder; la argentina, en el mejor de los casos, lo incomoda.

Una censura exitosa contra Adorni no debilitaría a Milei: lo liberaría de un funcionario cuestionado sin tocar su base de sustento político, mientras permite a la oposición capitalizar una victoria simbólica de bajo costo institucional. La amenaza es la verdadera función de la herramienta.