El Gobierno avanza con un proyecto de ley para incorporar un mecanismo de "shutdown" a la administración pública, con el objetivo de blindar el superávit fiscal. La iniciativa, impulsada por el presidente Javier Milei junto a Federico Sturzenegger, Luis Caputo y Santiago Bausili, prevé que, si se agotan las partidas presupuestarias, el Estado suspenda buena parte de sus actividades. Sin embargo, el propio mandatario aclaró que las jubilaciones seguirán pagándose.
A diferencia del mecanismo vigente en Estados Unidos, donde el cierre del gobierno se produce por la falta de aprobación del Presupuesto, la versión que diseña la Casa Rosada se activaría cuando el Estado incurra en déficit fiscal. El objetivo es impedir por ley cualquier desvío del equilibrio de las cuentas públicas.
Según explican fuentes oficiales, el proyecto tendrá un "espíritu fiscalista" y buscará evitar que futuros gobiernos financien el gasto con emisión monetaria. "Antes de que haya déficit, el Estado cierra", resumió uno de los funcionarios que participa de las conversaciones.
El Gobierno asegura que el eventual cierre de la administración pública no afectará a las prestaciones consideradas esenciales.
Entre ellas figuran:
El propio Milei lo ratificó al presentar la iniciativa: "Las funciones básicas van a ser mantenidas, los pagos a jubilados también". La idea oficial es que, antes de activar el shutdown, el Congreso tenga la posibilidad de definir qué partidas recortar. Solo si no hubiera acuerdo, quedarían vigentes únicamente los gastos esenciales y se suspendería el resto de las erogaciones.
Durante una entrevista, Milei explicó el mecanismo que busca incorporar a la legislación argentina: "Lo que estoy haciendo es mandar una reforma que cambie la decadencia argentina desde las instituciones. Esto requiere una regla fiscal, el shutdown: usted hace un Presupuesto, nosotros por ley [lo hacemos] con déficit cero. Cuando se agota el Presupuesto, automáticamente se apaga el Estado. Si usted se agotó todas las partidas, se queda sin plata, no puede operar más, hasta que tenga una ampliación".
En la actualidad, la Ley de Administración Financiera permite prorrogar el Presupuesto vigente y habilita al jefe de Gabinete a ampliar o reestructurar partidas sin autorización del Congreso dentro de determinados límites. La reforma impulsada por el Gobierno modificaría ese esquema para restringir el gasto cuando se agoten los recursos disponibles.
El shutdown formará parte de un paquete de reformas más amplio que incluirá cambios en la Carta Orgánica del BCRA y nuevas reglas fiscales para impedir el financiamiento monetario del déficit.
Por el momento, la iniciativa continúa en etapa de elaboración y todavía no tiene fecha de envío al Congreso. En la Casa Rosada admiten que aún resta definir la letra chica del proyecto e incluso analizan si será necesario modificar la Ley de Administración Financiera para instrumentar el nuevo mecanismo.
