La histórica agroexportadora Vicentin, que llegó a facturar más de US$ 4.300 millones y fue objeto de un intento de expropiación durante el gobierno de Alberto Fernández, tiene nuevo dueño: la cerealera santafesina Grassi. La decisión fue tomada por el juez de Reconquista, Fabián Lorenzini, quien entendió que Grassi fue la primera en reunir las mayorías necesarias dentro del proceso de cramdown, una instancia de salvataje previo a la quiebra.
En esa etapa competían dos grupos: Grassi, por un lado, y el consorcio integrado por Molinos Agro (MOA) y Louis Dreyfus Company (LDC). Según el fallo, Grassi fue la primera en acreditar las conformidades de acreedores y quedará habilitada para asumir el control de la empresa, aunque el juez otorgó un plazo de cinco días para posibles impugnaciones. La compañía afirmó haber reunido el 85% del capital y el 65,5% de los acreedores, y destacó que su plan "garantiza la continuidad de todas las plantas y los puestos de trabajo".
La propuesta de Grassi contempla convertir los créditos a dólares al tipo de cambio de $60,78, vigente al inicio del concurso, y ofrecer distintas opciones de cobro: entregas de soja durante diez años con un sobreprecio de US$ 10 por tonelada, recuperos de hasta 200% en algunos casos y anticipos en efectivo de hasta el 50% del monto reclamado. "Ganamos de todas maneras. La gente de Vicentin quiere dejar de sufrir y volver a la normalidad", afirmó Mariano Grassi, vicepresidente y CEO de la compañía.
El grupo rival, Molinos Agro-LDC, también dijo haber superado los requisitos y denunció irregularidades en los apoyos obtenidos por Grassi, alegando "autovoto" y participación de fondos internacionales. Sin embargo, la ley establece que prevalece quien primero consigue las mayorías necesarias. "Las impugnaciones me preocupan cero", respondió Grassi, confiado en que la resolución será "rápida y definitiva".
El desenlace pone fin a cinco años de incertidumbre desde el default de Vicentin en 2019, cuando la empresa dejó un pasivo superior a US$ 1.400 millones y paralizó su operatoria. Durante la pandemia, el intento de expropiación impulsado por el entonces presidente Fernández desató fuertes protestas y tensiones políticas. Desde entonces, el caso se convirtió en un símbolo del conflicto entre el Estado, el sector privado y el sistema financiero.
Grassi, que participó desde el inicio del proceso concursal, promete invertir en modernización, mantener los empleos y normalizar la operatoria. Sin embargo, sigue abierta la causa penal por presunto fraude contra exdirectivos y resta definir la validación judicial definitiva de las adhesiones. Con esta decisión, una de las mayores crisis empresariales del país entra en su tramo final, aunque el desafío de restaurar la confianza y reactivar la compañía recién comienza.
