El fallo contra la Argentina por la expropiación de YPF seguirá escribiendo páginas en las próximas horas. A más tardar el lunes próximo (no pudo ser antes por el feriado del 4 de julio en EE.UU.), se espera que el fondo Burford Capital responda la petición enviada por el Gobierno de Javier Milei a la juez Loretta Preska, una especie intento final por suspender el fallo que obliga al país a transferir el 51% de las acciones de la petrolera. El fondo, que le pagó 15 millones de euros al Grupo Petersen para comprarle el juicio que ahora está valuado en US$ 17.500 millones (capital más los intereses), reiterará lo que la jueza ya sabe: que la Argentina hace más de 10 años que no muestra ninguna intención negociadora y que tiene "mala fe". Dejará la puerta a una negociación, pero con condiciones. Esto hará que Preska, muy posiblemente antes del viernes de la semana próxima, no acepte del todo el pedido argentino. A cambio de no avanzar con el embargo del 51% de las acciones de YPF, el país tendría que brindar alguna garantía. ¿Lo hará?
La idea oficial, en caso de que Preska no congele la sentencia del fallo, ya fue anunciada previamente: ir a la Corte de Apelaciones para que bloquee el embargo de las acciones de YPF. Se cree que esa estrategia puede tener cierto éxito pero la incógnita es si, mientras tanto Apelaciones acepta el caso argentino, Preska pone en "desacato" a la Argentina por incumplir su fallo. Va a ser la tercera apelación argentina en los tribunales de EE.UU. por el caso YPF, algo pocas veces visto.
De todas formas, la política se mete en el caso YPF y reina la confusión en torno a los reales beneficiarios de un fallo condenatorio contra la Argentina. El mito número uno es que el ganador que está detrás de Burford es la familia Eskenazi, ligada a Néstor Kirchner, quienes iban a ser la "burguesía nacional".
La historia, contada por Sebastián Maril (quizás la persona mejor informada de los litigios argentinos en el exterior), dice que la empresa Petersen entró en liquidación por sus deudas, precisamente contraídas por los préstamos que tomaron para hacer el crédito accionario de YPF entre el 2008 y 2011. Quienes pusieron la plata fueron Credit Suisse, First Boston, Banco Santander, Repsol, BNP Paribas e Itaú, entre otros. Esos son los que le prestaron a Petersen.
Años después de la adquisición por parte del Grupo Petersen, el Congreso argentino decidió que YPF no repartirá más dividendos, motivo por el cual la plata que recibía el grupo argentino para pagar esos préstamos desaparece, cuenta Maril. Acto siguiente, caen en default.
"Entran en 2014 en liquidación en la Corte Mercantil número tres de Madrid. El juez que preside el concurso de acreedores de esas empresas, nombró un síndico concursal. Toda plata que entre la supervisa y la maneja el juez de la corte comercial mercantil número dos, que está supervisado y administrado por el síndico concursal. Esa plata que entra la reparte entre los acreedores. Y si sobra plata, va a los propietarios de la empresa. Hoy, en el caso de la expropiación de YPF, el 27% va al síndico concursal número treinta", explica el director de Latam Advisors para quedar en claro que es virtualmente imposible que un fallo a favor de la expropiación signifique una ganancias económica para los Eskenazi.
Burford, a través del Fondo Prospect Investment compró el juicio de YPF en el 2016. El deal era pagarle a Petersen 15 millones de euros más el 30% de lo que en el futuro saquen del juicio contra la Argentina. Pero ese 30% ya es lo que maneja el juez mercantil de la Corte de Madrid. O sea, incluso en caso de ganar el litigio, lo que pague Burford no irá a manos de los Eskenazi sino del síndico español que maneja la quiebra de las empresas del Grupo.
Incluso del total del juicio, Burford no se lleva todo. Si bien es el "cabecilla" del juicio, se quedaría con el 40% y Eton Park se quedará con el 12% y otros estudios de abogados se llevan el 10%. Otra parte del juicio fue vendido a otros bufetes de abogados en Estados Unidos, algo que es completamente legal.
Hubo un sondeo de este fondo al Gobierno de Mauricio Macri, cuenta Maril. Fue ni bien el ex Presidente asumió en 2016. Los acreedores quisieron sentarse a negociar con el gobierno entrante pero no hubo voluntad del entonces presidente para una mediación. Macri entendió que la urgencia de la Argentina pasaba por otro lado, por ejemplo el juicio también perdido en Nueva York con Thomas Griesa contra Paul Singer y Elliott Management. En ese momento Luis Caputo consiguió US$ 16.000 millones, una parte la usó para pagarle cash a los fondos buitre (US$ 10.000 millones), y otra parte para las reservas. Burford hubiera arreglado por US$ 4 o 5 mil millones.
Sea como fuere, la estrategia de Milei también puede ser la de "patear para adelante". Maril dice que si esa es la idea, el caso puede llegar sin sentencia firme hasta principios del 2027. "¿Y qué pasa ese año? Milei va a buscar tu reelección. ¿Vos vas a pagarle US$ 20.000 millones a un fondo buitre el día que buscás ser reelecto? Políticamente es un suicidio", dice Maril.
En lo más inmediato, curiosamente, lo urgente no pasa por el caso YPF. El juicio que está a punto de explotar para tener que negociar y pagar es el cupón PBI en euros. Ya la Corte Suprema del Reino Unido le dijo a la Argentina que tiene que pagar. Se lo advirtió incluso, en octubre del año pasado, el mismo FMI. Para el organismo, ese caso ya no es una contingencia legal sino directamente más deuda pública. Desde octubre del año pasado, los beneficiarios del fallo por el cupón PBI mudaron su estrategia legal de Londres a Washington, para comenzar los pedidos de embargo. Ese caso es por 1.700 millones de euros.
Los litigios abiertos contra el país suman casi US$ 32.000 millones y el "taxi" de los intereses y de los costos legales, crecen día a día. La bomba de juicios le cae en las manos a Milei. Le guste o no.
