El gobierno nacional atraviesa meses de alta turbulencia política. Los escándalos son variados y muestran una imagen que el presidente se niega a validar: la de un gobierno plagado de corrupción. El caso Adorni, la licitación de la hidrovía y el caso Libra son solo algunos de los escándalos que han llegado hasta la prensa y alimentan la percepción de una crisis política silenciosa pero creciente, en un gobierno que define la moral como política de Estado.
Sin embargo, los indicadores de opinión pública muestran una realidad más compleja: una parte importante de la ciudadanía continúa expresando confianza en el gobierno.
El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella ubicó en junio de 2026 la confianza en la administración Milei en 2,07 puntos, un valor superior al registrado el mes pasado, de 1,99, y muy por encima de Alberto Fernández y Cristina Kirchner en períodos comparables.
El dato resulta por demás llamativo dado que, entre otros tantos eventos, se da en medio del creciente escándalo de corrupción vinculado al jefe de Gabinete, que lo llevó a presentar su renuncia hace solo unos días.
Incluso contando con una robusta confianza en la población y a pesar de ciertos aciertos financieros, como una relativa estabilidad cambiaria, podría argumentarse que el gobierno aún no ha logrado ganarse la confianza plena y sostenible de los mercados.
Prueba de ello es que los bonos soberanos siguen cotizando en el mercado secundario muy por debajo de su valor nominal, reflejando la idea de que los inversores consideran probable que haya ciertas dificultades financieras en el futuro. A esto se suma un riesgo país que, si bien ha disminuido respecto de sus máximos recientes, continúa en niveles extremadamente altos en comparación con otros mercados emergentes.
La paradoja es por demás sugestiva. ¿Qué muestra esta discordancia entre la ciudadanía y los mercados? Si los argentinos confiamos lo suficiente en el gobierno, ¿por qué afuera todavía no? ¿Qué se necesita para que esto suceda?
La organización de lo común, de la democracia como estructura social, está sentada sobre la base de lo que Pierre Rosanvallon (2024) llama instituciones invisibles. La confianza, la legitimidad y la autoridad actúan como componentes unificadores de una sociedad democrática moderna. Permiten disminuir la sensación de inestabilidad e inseguridad, a la vez que otorgan capacidad de proyección a la ciudadanía, reduciendo las distancias y ampliando el mundo de lo social.
Sin embargo, la confianza no es un fenómeno único de lo político. Confiar en que nuestro vecino nos devolverá lo que le prestamos, que nuestra pareja nos será fiel o que el Estado cumplirá con sus obligaciones nos condiciona a cambiar nuestro comportamiento y poder enfocarnos en otros aspectos de la vida.
Algo similar ocurre con la legitimidad y la autoridad: la primera hace que una sociedad reconozca como válido el ejercicio del poder; la segunda permite que ese poder sea aceptado sin tener que recurrir permanentemente a la imposición.
Si las instituciones invisibles se construyen mediante mecanismos que reducen la incertidumbre y amplían los espacios de reconocimiento mutuo, entonces la forma en que un gobierno ejerce el poder también importa.
En ese sentido, el discurso del presidente parece apuntar en otra dirección. Más que ampliar los consensos que hacen posible la vida en común, busca fortalecer la identidad de los propios a partir de la confrontación con un enemigo que encarna todo aquello que debe ser derrotado. Esa estrategia resulta eficaz para consolidar una base política y sostener el apoyo en el corto plazo. Pero una cosa es construir poder y otra muy distinta es construir institucionalidad.
Porque, en definitiva, ningún proyecto de país se sostiene únicamente sobre el respaldo electoral. Las transformaciones profundas necesitan confianza, legitimidad y autoridad, instituciones invisibles que permiten que una sociedad siga creyendo en un rumbo incluso cuando aparecen dificultades. Sin ellas, cualquier proyecto corre el riesgo de depender exclusivamente del éxito del momento. Y eso, lamentablemente, lo hemos visto demasiadas veces en Argentina.
Acá precisamente es que se ve esa discordancia entre mercado y ciudadanía: con todas sus limitaciones, los mercados suelen valorar la sustentabilidad del sistema y no la ideología del presidente. Cuando se percibe que un proyecto depende más de un liderazgo de una persona que de instituciones sólidas y consensos duraderos, la confianza financiera tarda más en llegar.
Por eso deberíamos preguntarnos si la fe que se tiene en el gobierno hoy es suficiente para construir un proyecto político estable.
El Índice de Confianza en el Gobierno es, en buena medida, un síntoma del presente. Refleja cómo una parte importante de la sociedad evalúa el rumbo del Gobierno en el corto plazo, pero dice menos sobre la solidez de esa confianza hacia el futuro.
La confianza duradera no depende únicamente de las expectativas o de los resultados inmediatos: requiere legitimidad, autoridad y la reconstrucción de capacidades estatales que hagan sostenible un proyecto de gobierno. En un país acostumbrado a los cambios bruscos de rumbo y a las tensiones permanentes entre expectativas y resultados, el desafío deja de ser mantener el poder de hoy y pasa a ser construir la confianza en el mañana. Esa es la única manera de proyectarnos como país estable y con oportunidades para todos.
