Las empresas de seguridad chinas en Argentina: el desafío que Milei no puede ignorar

En pleno siglo XXI, y para sorpresa de muchos, las guerras convencionales han vuelto a estar en el centro de la escena, tal como lo demuestran los actuales acontecimientos en Ucrania e Irán. 

Pero, pese a que este tipo de conflictos parece estar al alza, un reciente artículo del Financial Times ha traído nuevamente a la luz el rol de los grupos militares privados, como era el caso del extinto grupo ruso Wagner. 

Específicamente, el artículo investiga el despliegue de unos 2.000 exmilitares colombianos en la guerra civil de Sudán, quienes combatieron cuerpo a cuerpo junto a las Rapid Support Forces (RSF), el grupo paramilitar que lucha contra el ejército sudanés.

Según el medio británico, los colombianos fueron reclutados a partir de 2024 a través de Global Security Services Group (GSSG), una empresa privada de seguridad con sede en Emiratos Árabes Unidos, lo que deja en evidencia el creciente rol de este tipo de actores.

Pero, más allá de este caso en particular, cabe preguntarse qué son estos grupos y si, pese a su rol directo en este tipo de conflictos, ya se encuentran presentes en países como Argentina. 

¿Qué son las PMC y PSC?

Las Compañías Militares Privadas (PMC) y de Seguridad Privadas (PSC) surgieron a escala global a partir de los años noventa, impulsadas por las reducciones en los presupuestos de defensa del período post Guerra Fría y la consecuente migración de personal militar retirado hacia el sector privado.

Desde entonces, estas firmas comenzaron a ofrecer servicios de protección personal, vigilancia, escolta, capacitación, inteligencia, análisis de riesgos y operaciones de combate, actuando tanto para Estados como para organizaciones internacionales y empresas privadas.

El caso de China

En el caso de China, el desarrollo de este sector estuvo vinculado al proceso de apertura comercial iniciado en los años ochenta y a la posterior expansión de intereses económicos y de infraestructura en el exterior, particularmente a través de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI), anunciada por el presidente Xi Jinping en 2013. 

La creciente presencia de ciudadanos, empresas e inversiones chinas en zonas con niveles medios y altos de inestabilidad generó la necesidad de contar con mecanismos de protección privada fuera del territorio nacional.

La legislación china no regula las actividades transfronterizas de estas compañías, por lo que las PMC/PSC chinas desplegadas en el exterior operan sin un marco normativo específico, sujetas únicamente a las leyes del país donde se encuentran. 

Entre las principales compañías chinas de seguridad privada con operaciones en el exterior destacan DeWe, que desarrolla bases de alta seguridad en República Centroafricana y Sudán del Sur; Beijing Security Service General Company, con 77.000 efectivos; China Security and Protection Group, con hasta 60.000 operadores; China Security Technology Group, presente en más de 30 países; y Huaxin Zhongan, con 15.000 contratistas habilitados para portar armas. En América Latina, sobresalen VSS Security Group, con operaciones en Venezuela y personal procedente de unidades especiales de las fuerzas de seguridad chinas; Overseas Security Guardians (OSG), presente en Argentina, México y Venezuela; y China Overseas Security Group (COSG), con más de 20.000 efectivos y operaciones en Argentina, Brasil, Perú, Venezuela y Colombia.

¿Argentina sabe quién vive en ella?

China Overseas Security Group (COSG) se constituyó como sociedad anónima en Argentina en junio de 2019. Su directorio está integrado por Yan Quanli, en calidad de presidente, y Zhu Qifu como director suplente, ubicándose en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a apenas un par de cuadras de la Cancillería argentina. 

En noviembre de 2021, COSG lanzó en Argentina un proceso de reclutamiento de vigiladores, convocando a perfiles con antecedentes en seguridad o provenientes de los sistemas militar o policial. A fines de 2023, la empresa inició un nuevo proceso de selección. 

Yan Quanli, presidente de COSG en Argentina, sería un teniente coronel retirado del Ejército Popular de Liberación, con actividad comercial en el rubro supermercados y vínculos con representantes de la comunidad china en Buenos Aires. El sitio web oficial de define como objeto societario en Argentina la prestación de consultoría de seguridad, vigilancia sin armas, seguridad privada en todas sus formas, custodia de personas físicas y jurídicas, e instalación y mantenimiento de dispositivos de seguridad.

Las PMC/PSC chinas con presencia en Argentina operan en el marco jurídico local como empresas de seguridad privada, sector que en el país carece de legislación específica que contemple el origen de capitales, los antecedentes operacionales en otros países, o los vínculos del personal con estructuras militares o de inteligencia de gobiernos extranjeros.

El punto ciego

El problema no empieza ni termina en COSG. Lo que su presencia deja en evidencia es una dificultad más profunda: Argentina controla qué pueden hacer estas empresas, pero no necesariamente quiénes son. 

Hay otro elemento que no debe pasar inadvertido. La Ley de Inteligencia Nacional china, aprobada en 2017, obliga a organizaciones y ciudadanos a apoyar, asistir y cooperar con el trabajo de inteligencia cuando así se les requiera. 

La misma norma autoriza a los organismos de inteligencia chinos a actuar dentro y fuera del país. Esto no convierte automáticamente a una empresa o a un ciudadano chino en un agente de inteligencia, ni prueba que las compañías instaladas en Argentina desarrollen ese tipo de tareas. Pero para empresas dedicadas precisamente a la seguridad y con personal proveniente de estructuras militares o policiales, el marco jurídico bajo el cual se mueven es un dato que Argentina no puede ignorar.

El vacío, por lo tanto, es menos jurídico que estratégico. Una compañía puede cumplir formalmente con todos los requisitos necesarios para operar en el país y, aun así, presentar características que merezcan una evaluación adicional desde la seguridad o la inteligencia. Si el Estado sólo observa la legalidad administrativa de su actividad local, una parte relevante del fenómeno queda fuera del campo de visión.

La pregunta que deja abierta este escenario no es qué hacen hoy estas empresas en Argentina, sino si el Estado cuenta con los instrumentos necesarios para saberlo cuando esa respuesta realmente importe.

Los antecedentes muestran que la vigilancia y la presión sobre ciudadanos chinos en el exterior no son una hipótesis abstracta. No existe evidencia pública que permita atribuir esas prácticas a COSG ni a las demás firmas instaladas en Argentina. Pero ese tampoco es el punto. 

El problema es que empresas vinculadas a un sector atravesado por relaciones con estructuras militares, policiales y estatales extranjeras pueden instalarse, contratar personal y operar legalmente sin que esos antecedentes formen parte de una evaluación específica (a lo que se suma la actual alianza del país con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump). Argentina sabe qué papeles presentan. La pregunta es si sabe realmente a quién está dejando entrar.