El Gobierno de Javier Milei envió esta semana al Congreso el proyecto de ley del denominado Súper RIGI —Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias— y desató, sin proponérselo, una paradoja conceptual de primer orden. El mismo presidente que construyó su identidad política sobre el rechazo visceral a la intervención estatal, el mismo que citó a Hayek y a Friedman como guías filosóficos, acaba de diseñar un régimen en el que el Estado elige sectores, establece beneficios impositivos diferenciales, garantiza estabilidad jurídica por treinta años y exime de retenciones desde el día uno. Eso tiene un nombre técnico preciso, uno que el oficialismo prefiere no pronunciar: política industrial.
No es una crítica. Es una descripción. Y la descripción importa porque de ella depende evaluar si el instrumento es suficiente, insuficiente o simplemente incompleto. La respuesta, con los datos disponibles, es la tercera opción: el Súper RIGI va en una dirección correcta pero llega a mitad de camino.
El proyecto fija un umbral mínimo de inversión de US$ 1.000 millones por proyecto —más del doble que el RIGI original, que oscilaba entre US$ 200 y 600 millones según el sector— y exige que al menos el 20% del monto se ejecute dentro de los dos primeros años. Los incentivos tributarios son sustanciales: alícuota de Ganancias al 15% frente al 35% general, dividendos al 7% reducibles al 3,5% pasados cuatro años, arancel cero para importaciones y cero retenciones a exportaciones desde la adhesión. La estabilidad fiscal se garantiza por tres décadas. Los sectores elegibles son los que Argentina aún no produce a escala industrial: inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada, datacenters, paneles solares, turbinas eólicas, baterías de litio, cobre laminado, reactores modulares pequeños y vehículos eléctrico
Antes de celebrar el Súper RIGI, conviene revisar el balance del régimen que lo precede. El RIGI original, lanzado en 2024 bajo la Ley 27.742, acumuló anuncios de inversión que rondaron los US$ 81.000 millones en compromisos declarados. La ejecución efectiva al momento de diseñar el nuevo régimen no superaba los US$ 700 millones. La brecha entre lo anunciado y lo ejecutado es del 99,1%. En política económica, los anuncios no son política. Los resultados, sí. El Gobierno tomó ese diagnóstico como insumo para recalibrar el instrumento. Bien. Pero la recalibración no resuelve el problema estructural que explica esa brecha: la ausencia de un ecosistema productivo capaz de absorber y multiplicar esas inversiones.
Un datacenter de US$ 1.000 millones no es un objeto que cae del cielo. Necesita construcción civil especializada, ingeniería eléctrica de alta tensión, sistemas de refrigeración industrial, insumos de obra, logística de equipos de precisión, mantenimiento de infraestructura crítica y capital humano calificado en operación de centros de cómputo. Si todo eso se importa —y en la Argentina de 2026, con la industria manufacturera operando al 53% de capacidad instalada y más de 22.000 empresas cerradas desde noviembre de 2023, la probabilidad de que se importe es alta—, el datacenter funciona como un enclave tecnológico: genera valor en suelo argentino pero lo derrama afuera.
La diferencia entre una inversión que desarrolla y una inversión que extrae no está en el monto ni en el sector. Está en los eslabonamientos productivos que genera hacia atrás y hacia adelante en la cadena de valor local. Sin esos encadenamientos, el Súper RIGI puede producir el mismo resultado que la soja sin valor agregado: divisas que entran, renta que sale y una estructura productiva que no se transforma.
El proyecto tiene una omisión que no es menor: elimina el requisito de contenido nacional mínimo que el RIGI original establecía en el 20% de la inversión, y explícitamente prohíbe imponer compras locales como condición de acceso. La lógica del Gobierno es comprensible desde la teoría del laissez-faire: no poner trabas para maximizar la atracción de capital. Pero esa lógica ignora la evidencia comparada. Los países que convirtieron regímenes de incentivo en palancas de desarrollo —Corea del Sur en semiconductores, Taiwán en manufactura tecnológica, Alemania en energías renovables, Brasil con el sector aeronáutico en torno a Embraer— combinaron siempre dos elementos: beneficios fiscales atractivos para el inversor y requisitos de transferencia tecnológica, formación de proveedores locales y desarrollo de capital humano nacional.
Sin proveedores nacionales calificados, sin un sistema científico-tecnológico integrado a la cadena productiva —con el CONICET desfinanciado y las universidades técnicas con presupuesto de emergencia— y sin una política activa de formación de recursos humanos en los sectores que el Súper RIGI pretende desarrollar, el régimen financia la llegada de la inversión extranjera pero no garantiza su arraigo. La dirección importa, que la política sea completa , también. Y en este caso, la política industrial a medias tiene un historial argentino conocido: genera dependencia profundizada, produce ilusión de desarrollo y no derrama hacia el tejido productivo que más lo necesita.
