El Gobierno prorrogó por un año la intervención de los medios públicos que integran Radio y Televisión Argentina y la empresa Contenidos Artísticos e Informativos, a cuyo cargo están, entre otras, las señales Paka Paka, Encuentro y Deport TV. Unas semanas atrás se dispuso la prórroga de la intervención del Ente Nacional de Comunicaciones, Enacom. Ambas medidas suponen la continuidad del retroceso institucional que experimenta, desde hace años, el sector. En efecto, el presidente Milei no hizo más que seguir la misma conducta que adoptaron los presidentes constitucionales desde 1983.
Raúl Alfonsín contaba con varios medios públicos. Por un lado, el Servicio Oficial de Radiodifusión (SOR), integrado por las denominadas radios nacionales (LRA). Por otra parte, existían un conjunto de radios y canales de TV estatales que no integraban el SOR. Se trataba de emisoras comerciales administradas por el Estado Nacional. Algunas de esas estaciones fueron privatizadas en los años ´90, durante la presidencia de Carlos Menen. Por caso, Canal 13, Canal 11, las radios Belgrano (Libertad) y Excelsior (La Red), todas ellas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre otras. Antes de las privatizaciones, estos medios públicos estuvieron a cargo de un interventor designado por el Poder Ejecutivo Nacional.
En cuanto al Canal 7, cabe recordar que durante el gobierno de Raúl Alfonsín se encontraba bajo la órbita de la Secretaría de Cultura de la Nación. Posteriormente, en la presidencia de Carlos Menem, la estación atravesó diversas situaciones jurídicas. Al comienzo de su mandato se decidió la intervención del canal. Dos años después, en 1992, se dispuso la creación de Argentina Televisora Color Sociedad Anónima, con una finalidad comercial. No obstante ello, en 1995, se procedió a la reorganización y posterior intervención de ATC.
El presidente Fernando De la Rúa, a poco de asumir, decretó una nueva intervención de la emisora. Además, vetó la Ley 25.208; norma que fue el resultado del consenso entre una decena de iniciativas legislativas de diferentes partidos políticos y que se proponía la creación de un esquema de medios estatales que no estuvieran supeditados políticamente al gobierno de turno. Luego de vetar dicha ley, se creó el Sistema Nacional de Medios Públicos Sociedad del Estado. En este caso, la dirección del ente estaba a cargo de funcionarios públicos dependientes de diversas áreas del Estado.
La llegada de Eduardo Duhalde a la presidencia significó una nueva intervención de las emisoras estatales. Dicha intervención fue prorrogada en sucesivas ocasiones por Néstor Kirchner.
Todo ello permite apreciar la conducta de distintos presidentes que, más allá de sus diferentes ideologías, dispusieron la intervención de los medios públicos que se encontraban bajo su administración. Esto, con los matices propios de cada gobierno, facilitó la tendencia a la utilización política de esas emisoras.
Un cambio importante se produjo con la sanción de la denominada Ley de Medios, que creó Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, cuyo directorio estaba integrado por siete miembros, que representaban, entre otros, a diferentes fuerzas políticas y al ámbito académico. Esto representó un hecho sin precedentes en la historia de la radiodifusión argentina y constituyó un intento para impulsar el pluralismo en el seno de los medios públicos. Sin perjuicio de ello, durante la presidencia de Cristina Kirchner las radios y canales estatales exhibieron una marcada orientación oficialista. Por su parte, los medios públicos tuvieron un papel más equilibrado en las administraciones de Mauricio Macri y Alberto Fernández.
Las diferentes autoridades regulatorias también fueron intervenidas por los distintos presidentes constitucionales. En efecto, Raúl Alfonsín colocó a un Delegado Normalizador a cargo del Comité Federal de Radiodifusión, Comfer. La razón era que dicho organismo, de acuerdo a la Ley 22.285 sancionada por la dictadura militar, estaba conformado por un directorio integrado por representantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina, entre otros. Su sucesor, el presidente Carlos Menem, cambió la denominación del funcionario a cargo del organismo, categorizándolo como Interventor. Esa figura continuó durante las presidencias de Fernando De la Rúa, Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner y en el primer tramo de la primera presidencia de Cristina Kirchner, hasta octubre de 2009, cuando la Ley 26.522 creó la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Social, Afsca.
En el área de las telecomunicaciones las cosas no fueron muy diferentes. La autoridad de control, la Comisión Nacional de Comunicaciones, permaneció intervenida más de 15 años, involucrando a las administraciones de Carlos Menem, Eduardo Duhalde, Néstor y Cristina Kirchner. Este organismo, junto a la Secretaría de Comunicaciones, dejó de operar en 2014, cuando se creó la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Aftic.
Mauricio Marci mantuvo la tradición. En efecto, a poco de comenzar su gobierno dispuso la intervención de la Afsca y la Aftic. Posteriormente, mediante el DNU 267/15, se creó el Ente Nacional de Comunicaciones. Como consecuencia de ello se eliminaron la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Social y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que habían representado un avance institucional.
En esta materia, Javier Milei no ha querido ser disruptivo y mantuvo la cuestionable Política de Estado de intervenir los medios públicos y las agencias de regulación y control de las comunicaciones.
Es evidente que el manejo discrecional de este tipo de entidades, que viene de la mano de la intervención, permite a los gobiernos de turno un manejo unilateral y discrecional, sin la intermediación que suponen organismos integrados por fuerzas legislativas opositoras, representantes provinciales y de diferentes entidades del sector.
