El litigio internacional por la estatización de Aerolíneas Argentinas sumó un nuevo capítulo judicial. La jueza estadounidense Jia Cobb habilitó al fondo de inversión Titan Consortium a iniciar pedidos de embargo sobre bienes del Estado argentino en Estados Unidos, con el objetivo de cobrar una sentencia que asciende a casi US$ 391 millones.
La resolución, fechada el viernes 25 de septiembre, abre la posibilidad de que el fondo solicite medidas de ejecución en distintos distritos judiciales estadounidenses. La autorización no implica que ya se hayan embargado activos argentinos, sino que el acreedor podrá comenzar a identificar bienes y presentar los pedidos correspondientes.
En su fallo, difundido por el analista Sebastián Maril, la magistrada consideró que "ha transcurrido un plazo razonable tras la emisión de la sentencia" que reconoció el derecho de cobro de Titan Consortium en diciembre de 2024.
Además, cuestionó la falta de avances para cancelar la deuda: "En los veintiún meses transcurridos desde entonces, Argentina aparentemente no ha hecho ningún esfuerzo por pagar".
Aunque el litigio está radicado en tribunales de Washington y Nueva York, el fondo podrá solicitar embargos en cualquier distrito de Estados Unidos. La medida llega después de que la Justicia estadounidense rechazara la última apelación presentada por Argentina.
El conflicto tiene su origen en la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral durante el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner. En 2017, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial, condenó al Estado argentino a pagar US$ 321 millones más intereses y costas.
El laudo arbitral quedó firme en 2019, pero el CIADI no tiene facultades para ejecutar directamente sus sentencias. Por ese motivo, Titan Consortium acudió en 2021 a la Justicia estadounidense para solicitar su reconocimiento y posterior ejecución.
Argentina intentó frenar el reclamo argumentando que había transcurrido el plazo de prescripción de tres años. Sin embargo, el tribunal rechazó esa interpretación y estableció que correspondía aplicar un período de 12 años.
El 10 de diciembre de 2024, la Justicia del Distrito de Columbia reconoció el laudo por US$ 390,9 millones, más los intereses que se acumulen con posterioridad. Tras el rechazo de la última apelación argentina, Titan quedó habilitado para avanzar con las solicitudes de embargo.
Las principales cifras y fechas del litigio son:
Desde Aerolíneas Argentinas aclararon que la demanda está dirigida contra el Estado nacional y no contra la compañía. También señalaron que la aerolínea no posee bienes en Estados Unidos y que los aviones utilizados para sus vuelos regulares a ese país operan bajo contratos de leasing.
Por su parte, la Procuración del Tesoro informó que "el Gobierno está analizando todas las herramientas jurídicas disponibles para intentar mitigar o reducir el impacto de esta sentencia en la economía de todos los argentinos. Recordemos que es un juicio que se perdió en 2018".
El organismo agregó que "si hubiera algo en este contexto será informado por los canales oficiales de gobierno". Mientras tanto, el Presupuesto 2027 presentado ante el Congreso contempla una partida de US$ 1.100 millones para afrontar demandas ante el CIADI.
Además del litigio por Aerolíneas Argentinas, el país enfrenta otros tres fallos adversos en el CIADI. Se trata de la demanda del grupo industrial italiano Webuild por el congelamiento de peajes, por US$ 127 millones; el reclamo de la francesa SAUR International por la estatización de la empresa de agua potable de Mendoza, por US$ 72 millones; y el caso de AES Corporation, vinculado con contratos del sector eléctrico, por US$ 715,9 millones.
En el caso de Aerolíneas, los derechos de la demanda arbitral iniciada por Marsans fueron adquiridos inicialmente por Burford Capital, el fondo que también mantiene un litigio contra Argentina por la expropiación de YPF. Posteriormente, Burford transfirió los derechos económicos del reclamo a Titan Consortium.
La estatización de Aerolíneas Argentinas fue anunciada por Cristina Kirchner en julio de 2008 y aprobada posteriormente por el Congreso. Julio Alak asumió inicialmente la presidencia de la compañía y fue sucedido por Mariano Recalde, quien permaneció al frente de la aerolínea entre 2009 y 2015, durante una gestión vinculada con La Cámpora en la que Axel Kicillof se desempeñó como gerente financiero.
Durante la presidencia de Mauricio Macri, la compañía estuvo conducida por Isela Costantini, Mario Dell'Acqua y Luis Malvido. Con Alberto Fernández asumió Pablo Ceriani, mientras que desde la llegada de Javier Milei al Gobierno la presidencia está a cargo de Fabián Lombardo, quien ya había ocupado funciones técnicas y comerciales en administraciones anteriores.
