Aunque parezca increíble en Argentina volvió la tos convulsa. Una enfermedad prevenible con una correcta vacunación en los primeros 18 meses de vida de las personas. El Boletín Epidemiológico Nacional N° 299 alerta que desde el año 2025 se vienen produciendo brotes de tos convulsa en varias provincias, afectando fundamentalmente a menores de 14 años. El dato más inquietante es que en las primeras 9 semanas del 2026, la cantidad de casos de tos convulsa aumentó un 147%. Pasó de 87 en las primeras 9 semanas del 2025 a 215 casos en el mismo período del 2026.
Cabe advertir que solo el 50% de los casos corresponde a menores de 2 años, mientras que 33% corresponde a niños de entre 3 y 14 años. Esto sugiere que los problemas de vacunación no son recientes.
Dentro de la distribución de responsabilidades previstas en el régimen federal argentino, vacunar es responsabilidad de las provincias. Esto es así porque en la Constitución Nacional las provincias no delegaron la promoción y prevención de la salud en el Estado nacional e incluso todas las Constituciones provinciales contemplan expresamente estas funciones dentro de las responsabilidades provinciales.
Sin embargo, en el 2019 se sancionó la Ley N° 27.491 por la que se obliga al Ministerio de Salud nacional a comprar vacunas para distribuir entre las provincias, sin desligar a las provincias de su responsabilidad primaria de vacunar a la población. Entonces, por la Ley N° 27.491 hoy hay dos responsables (Nación y provincias) para un mismo cometido (vacunar).
¿Cuál es el resultado de este esquema de dos responsables para una misma finalidad?
Bueno, se entiende que lo deseable es que más del 90% de la población está vacunada. Solo 4 provincias (Jujuy, Tierra del Fuego, San Luis y La Pampa) tienen cobertura de vacunación completa (4 dosis) a los 18 meses de edad en tos convulsa superior al 90%.
El resto deja bastante que desear. Unas 13 provincias tienen cobertura entre 70% y 90% de vacunación contra la tos convulsa y 7 provincias, donde están Formosa, Corrientes, Misiones y Santiago, pero también Provincia de Buenos Aires y la sofisticada Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tienen cobertura de vacunación contra tos convulsa inferior al 70%.
Estos datos muestran que en la mayoría de las provincias prevalece una baja cobertura de vacunación en tos convulsa. Ergo, no debería resultar raro que haya brotes de tos convulsa.
La razón de este fracaso es la superposición de funciones entre la Nación y las provincias. Si un nivel de gobierno (Nación) tiene que comprar las jeringas y las vacunas y enviarlas por todo el territorio nacional para que otro nivel de gobierno (provincias o municipios) se encargue de la logística de aplicarlas es previsible que se produzcan malos resultados. Resulta muy sugerente que el fracaso se dé tanto entre las provincias más rezagadas del norte como en la más próspera (CABA). La deficiente vacunación no es un problema de bajo nivel de desarrollo sino de un esquema muy ineficiente de gestión y, lo más grave, de dilución de responsabilidades. Cuando dos niveles de gobierno son responsables de un mismo objetivo se vuelve muy difícil dilucidar cuál es el responsable del fracaso.
También cuenta la rusticidad, el atraso tecnológico y el voluntarismo de la gestión de la seguridad social nacional. La Asignación Universal por Hijo (AUH) se cobra 80% de manera automática y el 20% está condicionado a que la familia demuestre asistencia escolar, vacunación y controles médicos de los hijos. El control se instrumenta a través de la "Libreta de la Seguridad Social", un formulario en papel que las familias tienen que hacer completar en las escuelas y los establecimientos sanitarios para luego presentarlo en la Anses.
Esto obliga a procesar millones de trámites todos los años, en las escuelas, hospitales públicos y la ANSES. Un esquema burocrático y obsoleto que insume exagerados esfuerzos administrativos al Estado y a las familias con muy baja calidad de los datos. Resultado: alta proporción de niños sin vacunar, sin embargo, con alta proporción de niños que cobraron el 20% de la AUH, como si estuvieran vacunados.
El brote de tos convulsa es consecuencia del federalismo mal entendido. En un régimen federal no hay que coordinar acciones para un mismo objetivo sino coordinar objetivos para cada nivel de gobierno. Las provincias deben ser las únicas responsables de comprar y vacunar y la Nación de medir los resultados. Así vamos a tener en claro quién es el responsable (Nación o provincias) de que la tos convulsa vuelva a la Argentina.
El fracaso de la Ley 27.491 de vacunas pone al desnudo los resultados del federalismo mal entendido. El Ministerio de Salud Nacional en su programa de vacunación gastó US$ 125 millones en el 2025 y la tos convulsa está plácidamente instalada en la Argentina.
El federalismo mal entendido es aplicable a todo el gasto social donde el Estado nacional, con voluntarismo demagógico, se entromete en funciones provinciales.
