El gobierno de Javier Milei hizo oficial la designación de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como jueces de la Corte Suprema de la Justicia mediante el Decreto 137/2025. La medida había sido anticipada por intermedio de un comunicado publicado desde la Oficina del Presidente.
La legislación que confirma sus cargos se reconfirmó en el Boletín Oficial. Según la disposición del gobierno, el objetivo es que "los intereses de la política no se interpongan por sobre los del pueblo argentino".
En las páginas publicadas en el decreto, el Gobierno remarcó que existían dos vacantes en la Corte Suprema que "requieren ser cubiertas sin demora" debido a la renuncia de la Dra. Elena Inés Highton de Nolasco, en 2021 y, la del Dr. Juan Carlos Maqueda, en diciembre de 2024.
Por tal motivo, el órgano había quedado conformado únicamente por tres integrantes: Horacio Rosatti, presidente del cuerpo, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
Ante esta situación, el Gobierno propuso a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para ocupar estos dos lugares vacantes en la Corte Suprema de la Nación, en marzo de 2024, aunque no consiguieron los votos necesarios para impulsarlos en la Cámara Alta. A raíz de esto, la Oficina del Presidente de la Nación adelantó que Javier Milei nombraría ambos cargos por decreto.
Por eso, expresaron que "el Presidente ha tomado la determinación de designar en comisión a los doctores Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta la finalización del próximo periodo legislativo, con el objetivo de normalizar el funcionamiento del máximo tribunal judicial de nuestro país, el cual no puede llevar a cabo su rol con normalidad con tan solo tres ministros".
"Que, por lo tanto, el ejercicio por parte del Poder Ejecutivo Nacional de la facultad conferida por medio del artículo 99, inciso 19 de la Constitución Nacional no se presenta como un mecanismo para eludir los requisitos legales y reglamentarios vigentes, sino que se fundamenta en la necesidad imperiosa de integrar el Máximo Tribunal luego de que hubieren transcurrido nueve meses sin que el Senado de la Nación se hubiere pronunciado respecto de los pliegos de los candidatos para ocupar el cargo de jueces de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación", prosigue.
El texto publicado lleva la firma del presidente Javier Milei, junto a la del ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona.
El antecedente más reciente de una iniciativa de estas características, donde dos jueces de la Corte fueron designados por un decreto presidencial, es el de Rosenkrantz y Rosatti. Ambos fueron nombrados para el cargo en diciembre de 2015, por un decreto realizado por Mauricio Macri, pero que finalmente asumieron con el acuerdo del Senado durante 2016.
El juez federal Ariel Lijo nació en 1968 en Buenos Aires. Tras terminar sus estudios secundarios en el Nacional 7 de San Telmo se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Desde entonces, fue escalando por los diversos niveles de la actividad jurídica nacional hasta llegar a ser nombrado por decreto en comisión como juez de la Corte Suprema.
Tras recibirse ejerció la docencia en la UBA, aunque también fue profesor de Derecho Penal II en la Tecnicatura Superior en Criminalística de Campo y Scopometría del Instituto Superior de Seguridad Pública de la Policía Metropolitana y dictó clases en la Universidad Nacional de Lanús.
Lijo participó en varias publicaciones académicas como: "Parámetros constitucionales para la evaluación de investigaciones con cámaras ocultas"; "Los delitos de tenencia, o el tótem normativo al que se recurre para prohibir con tipos penales constitutivos" -publicado en marzo de 2009 por Editorial Albremática-; "La comunicación oficial de decisiones judiciales. Implicancias y desafíos" -publicado en Justicia Argentina On line-; "La mirada de los jueces" -publicado en junio 2011 en el Centro de Información Judicial-.
En 2004 fue nombrado juez federal, tras la propuesta del expresidente Néstor Kirchner en el concurso 59, del cual también participaban Guillermo Montenegro, Daniel Rafecas y Julián Ercolini. A pesar de quedar en quinto lugar, las bajas de Eduardo Freiler y Luis Salas le permitieron ser uno de los cuatro enviados por el Poder Ejecutivo al Senado, que en octubre de ese mismo año aprobó su pliego.
En su carrera como juez tuvo en su responsabilidad diversas causas de índole e interés nacional: participó de la investigación de las causas conexas por el ataque a la AMIA en 1994. En esa causa envió a juicio oral al expresidente Carlos Menem, al ex jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy, al exjuez Juan José Galeano y a los fiscales Eamon Mullen y José Carlos Barbaccia, entre otros.
Como juez enfrentó juicios por mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura, los cuales fueron desestimados.
