El Gobierno prepara una reforma clave para inversiones y empresas: qué cambiará en el mercado de capitales

El Gobierno busca darle mayor profundidad al mercado de capitales argentino con una reforma integral que prepara en conjunto el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y la Comisión Nacional de Valores (CNV). La iniciativa modificará desde el régimen de garantías hasta las obligaciones negociables, los pagarés, los warrants y las Facturas de Crédito Electrónicas MiPyME.

El objetivo es elevar el peso del financiamiento privado, que actualmente representa entre 7% y 8% del PBI y se mantiene por debajo del promedio regional. "Estamos por enviar ahora un proyecto al Congreso que como que da el broche de oro: cierra este proceso de transformación del mercado de capitales", anticipó el ministro Federico Sturzenegger.

Una reforma "ómnibus" para el mercado de capitales

El presidente de la CNV, Roberto Silva, explicó que el proyecto tendrá un alcance amplio. "La iniciativa incluirá modificaciones sobre la Ley de Mercado de Capitales, la Ley de Fondos Comunes de Inversión, el régimen de Obligaciones Negociables, fideicomisos, warrants, pagarés, tarjetas de crédito y otras normas vinculadas al financiamiento privado", detalló.

"Hay muchas mejoras para los instrumentos financieros, para las garantías y para todo el sistema en general", sostuvo Silva.

Uno de los ejes centrales será la creación del Sistema Federal de Registro de Garantías, que dependerá del Banco Central y reemplazará la intermediación obligatoria del Ministerio de Justicia para el régimen de prendas. Empresas y particulares podrán inscribir gravámenes directamente y se habilitarán segundas y terceras prendas sin necesidad de contar con el consentimiento del primer acreedor prendario.

Nuevas garantías y cambios para las empresas

La reforma también ampliará los activos que podrán utilizarse como respaldo. Entre las incorporaciones estarán las cosechas futuras, mediante un mecanismo similar al de la cédula de producto rural utilizada en Brasil.

Además, se eliminará el monopolio legal que actualmente reserva a las entidades bancarias la vía ejecutiva de las prendas. Con el nuevo esquema, cualquier acreedor podrá iniciar la ejecución judicial.

En el régimen de warrants, el Ejecutivo eliminará la obligación legal de contratar seguros, que pasarán a ser voluntarios, y suprimirá la exigencia de realizar un remate público ante situaciones de conflicto. También permitirá respaldar warrants con cualquier bien que acuerden las partes.

Pagarés, tarjetas de crédito y financiamiento para pymes

En el caso de pagarés y letras de cambio, la reforma formalizará la posibilidad de emitir títulos respaldados por bienes físicos. Para las Facturas de Crédito Electrónicas MiPyME, en tanto, se eliminarán intermediarios obligatorios con el objetivo de facilitar el acceso directo de las pequeñas y medianas empresas a mercados bursátiles autorizados.

Otro cambio importante alcanzará a los comercios y los pagos con tarjeta de crédito. A partir de una propuesta del Banco Central, las liquidaciones de los cupones pasarán a convertirse en títulos valores electrónicos negociables.

La intención es que los comercios no dependan exclusivamente del financiamiento ofrecido por el banco emisor y puedan descontar esos cupones en el mercado secundario, buscando acceder a tasas más competitivas.

Menos regulaciones y trámites para salir al mercado

El proyecto contempla además derogar la ley de financiamiento colectivo o crowdfunding y la regulación específica sobre planes de ahorro y capitalización. En el caso de las automotrices, los contratos pasarán a regirse directamente por el Código Civil y Comercial, mientras los conflictos se resolverán en el ámbito de Defensa del Consumidor, eliminando el circuito administrativo ante la Inspección General de Justicia (IGJ).

La reforma también incorporará a la ley el sistema de aprobación automática que la CNV ya implementó para colocaciones de hasta 100 millones de UVA, equivalentes a aproximadamente US$ 140 millones. El mecanismo reemplaza el control previo por una auditoría técnica posterior y busca reducir los tiempos necesarios para que las compañías puedan acceder al mercado.

Una vez que la iniciativa ingrese al Congreso, Silva tendrá a su cargo la defensa de los aspectos técnicos del proyecto. El Gobierno prevé que el texto tome estado parlamentario durante las próximas semanas.