El blindaje eterno en los tribunales de Comodoro Py no existe y Hugo Sigman lo está descubriendo de la peor manera.
Durante décadas, el dueño del Grupo Insud se movió como el verdadero dueño de las decisiones sanitarias en el país, dictando leyes de patentes a su medida, sosteniendo al mercado nacional a través del lobby de CILFA y tejiendo alianzas con figuras de la talla de Juan Manzur, Ginés González García y el propio Alberto Fernández.
Sin embargo, ese andamiaje histórico acaba de cruzar un punto de no retorno: la política, que antes lo cobijaba en un pacto de silencio y beneficios regulatorios, finalmente le soltó la mano.
La prueba más contundente de este quiebre es el avance sin precedentes de la causa penal por el manejo de las vacunas contra el Covid-19 en el juzgado federal de Ariel Lijo.
A pesar de los desesperados recursos y las sucesivas postergaciones presentadas por su abogado Mariano Cuneo Libarona, la cita con la declaración indagatoria sigue firme.
La Casa Rosada ya no actúa como un paraguas protector.
Por el contrario, la actual administración no solo convalida las auditorías sobre los contratos pandémicos que involucran al entorno de Sigman, sino que avanzó con medidas que tocan el bolsillo directo del poder concentrado de los laboratorios.
El desarme del monopolio farmacéutico es total y se ejecuta en varios frentes simultáneos.
Con la firma de normativas de desregulación que permiten a las provincias importar medicamentos directamente desde el extranjero, la habilitación de rebajas arancelarias de la ANMAT y la exención impositiva de ARCA para productos médicos importados, el Gobierno quebró la barrera proteccionista que Sigman y CILFA defendieron con garras comerciales.
Sin espaldas políticas que defiendan sus privilegios en las segundas líneas ministeriales y con la justicia penal pisándole los talones, el magnate farmacéutico enfrenta su hora más oscura, abandonado a su suerte por el mismo poder político que alguna vez lo ayudó a reinar.
