El debate sobre el Súper RIGI suma nuevas críticas. El centro de investigación Fundar advirtió que el proyecto impulsado por el Gobierno podría profundizar varios de los problemas que ya presenta el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y generar inversiones con escaso impacto sobre el empleo, la producción local y el ingreso de divisas.
Según la organización, Argentina necesita atraer inversiones y ofrecer estabilidad macroeconómica, pero el desafío no es únicamente lograr que los proyectos lleguen al país, sino garantizar que generen beneficios concretos para el desarrollo económico.
"Argentina necesita atraer inversiones y ofrecer estabilidad: en eso estamos todos de acuerdo. La pregunta es qué recibe el país a cambio de los beneficios extraordinarios que otorga", sostuvo Martín Reydó, director ejecutivo de Fundar.
Para la organización, el proyecto parte de un diagnóstico correcto: Argentina necesita desarrollar nuevos sectores vinculados a la economía del conocimiento, la energía, la minería y las tecnologías emergentes.
Sin embargo, considera que existe una contradicción entre el discurso oficial y el diseño del régimen.
Mientras el Gobierno cuestiona históricamente las políticas industriales y los incentivos sectoriales por considerarlos intervencionistas o fiscalmente costosos, impulsa al mismo tiempo uno de los esquemas de promoción económica más generosos de las últimas décadas.
"El Gobierno acierta al reconocer que Argentina necesita apostar por sectores nuevos. Pero es paradójico que lo haga mediante un paquete de beneficios tributarios, aduaneros, cambiarios y regulatorios sin precedentes, sin exigir prácticamente ninguna contraprestación a cambio", señaló Reydó.
Uno de los puntos centrales del análisis de Fundar es la diferencia entre los anuncios de inversión realizados bajo el RIGI y los desembolsos efectivamente concretados.
De acuerdo con datos oficiales citados por la entidad, el Gobierno informó proyectos por aproximadamente US$ 124.000 millones bajo el régimen. Sin embargo, los desembolsos ejecutados hasta el momento rondarían apenas los US$ 762 millones.
Para Fundar, esta brecha refleja que el diseño actual permite anunciar montos de inversión muy elevados sin exigir cronogramas estrictos de ejecución.
Además, el informe destaca que cerca del 90% de las inversiones anunciadas se concentran en petróleo, gas y minería. En muchos casos, agrega, se trata de proyectos vinculados a Vaca Muerta o al litio que ya habían sido anunciados anteriormente o que resultaban económicamente viables incluso antes de la creación del RIGI.
Por eso, la organización plantea una pregunta central. ¿Cuál es el beneficio de otorgar incentivos extraordinarios a inversiones que probablemente se hubieran realizado de todas maneras?
Según Fundar, el Súper RIGI profundiza la lógica del régimen vigente.
Entre los cambios más relevantes menciona la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 15%, la eliminación de retenciones desde el inicio de los proyectos, una mayor flexibilización cambiaria y la eliminación de exigencias vinculadas al desarrollo de proveedores locales.
La preocupación es que la combinación de estos beneficios permita la instalación de proyectos que exploten recursos estratégicos argentinos sin generar efectos significativos sobre la economía doméstica.
"Si una inversión no genera empleo, no desarrolla proveedores locales, no aporta divisas y prácticamente no paga impuestos, la pregunta es qué gana la Argentina además del anuncio", planteó Reydó.
Uno de los sectores que podrían verse beneficiados por el nuevo esquema son los centros de datos vinculados a inteligencia artificial.
Fundar reconoce que se trata de una industria con enorme potencial tecnológico y creciente demanda global, pero advierte que su impacto económico depende en gran medida de las condiciones que acompañen la inversión.
Los data centers requieren grandes cantidades de energía e infraestructura, pero suelen generar relativamente poco empleo directo. Por eso, la organización sostiene que el desafío consiste en capturar beneficios indirectos para la economía local.
Entre las condiciones sugeridas aparecen compromisos de inversión en investigación y desarrollo, disponibilidad de capacidad de cómputo para universidades y startups argentinas, utilización de energías renovables y programas de fortalecimiento de proveedores tecnológicos nacionales.
Lejos de rechazar la existencia de incentivos para atraer inversiones, Fundar propone rediseñar el esquema para vincular cada beneficio otorgado con objetivos concretos y verificables.
Entre las medidas sugeridas figuran:
Para la organización, el debate no debería centrarse en si debe existir o no un régimen de promoción para grandes inversiones, sino en cómo convertir esas inversiones en crecimiento económico, empleo de calidad y desarrollo productivo.
"Un régimen así no aprovecha la oportunidad que dice perseguir: la desperdicia. El debate no debería ser régimen sí o régimen no, sino cómo convertir inversiones en desarrollo", concluyó Reydó.
