El Gobierno de Javier Milei envió al Senado un proyecto para derogar por completo la ley de Etiquetado Frontal de alimentos y ya aparecen las primeras señales de cautela en sectores dialoguistas de la Cámara alta. Aunque la iniciativa lleva las firmas del Presidente, del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del ministro de Salud, Mario Lugones, en la oposición aliada aseguran que el tema no figura entre las prioridades legislativas del momento.
"No hay apuro de nuestro lado. Además, queremos ver los estudios que justifiquen esto", confiaron desde una bancada aliada a Infobae. Desde otro espacio dialoguista señalaron que "hay otras iniciativas pendientes que importan más" y advirtieron que eliminar completamente el esquema vigente "parece mucho". En paralelo, varios senadores siguen con atención otras discusiones calientes, como la reforma política y la ley de lobby que ingresó a Diputados.
En los fundamentos del proyecto, la Casa Rosada sostiene que el sistema actual genera distorsiones y no logra diferenciar correctamente alimentos con perfiles nutricionales distintos. Según el texto oficial, existen productos "tradicionalmente incorporados dentro de patrones" aceptados que terminan recibiendo advertencias similares a las de alimentos "de muy distinta composición nutricional".
El Ejecutivo también cuestionó que la estructura vigente "reduce los incentivos para introducir modificaciones graduales" en los alimentos, ya que el esquema de advertencias es binario y no refleja mejoras parciales en la composición nutricional. Además, el Gobierno consideró que las restricciones sobre publicidad, comunicación comercial y diseño de envases representan "limitaciones relevantes sobre actividades económicas lícitas" y afectan estrategias comerciales de la industria alimentaria.
Otro de los puntos centrales del proyecto apunta al costo regulatorio que implica la norma para pequeñas y medianas empresas. Según el Gobierno, las "asimetrías regulatorias" afectan especialmente a las pymes, que deben afrontar gastos de rediseño de envases, adecuación de líneas productivas, administración de stocks y evaluación técnica de nutrientes.En ese sentido, el oficialismo afirmó que la derogación busca "reducir sobrecostos e ineficiencias vinculadas a producción, comercialización, publicidad y empaquetado de alimentos" para avanzar hacia "un entorno más competitivo e innovador". Mientras tanto, el Senado espera el giro formal a comisiones y, por ahora, el proyecto avanza sin respaldo político asegurado.
