La senadora nacional Patricia Bullrich denunció que el caso de Agostina Páez estaría atravesado por condicionamientos políticos y apuntó directamente contra la diputada Marcela Pagano y el ex presidente Alberto Fernández. Según sostuvo, la familia de la joven vive un momento de "desesperación" mientras busca resolver su situación en el exterior.
A través de un mensaje en redes sociales, Bullrich aseguró que la prioridad de los familiares es clara: "volver a tenerla en casa", y remarcó que no están dispuestos a quedar atrapados en disputas partidarias. "No están para especulaciones ni para juegos políticos", afirmó.
En ese marco, la senadora sostuvo que algunos dirigentes habrían condicionado gestiones clave a cambio de un reconocimiento público, algo que —según indicó— la familia rechazó. La acusación apuntó específicamente contra Pagano y Fernández por supuestos pedidos de ese tipo.
Por otro lado, Bullrich destacó el rol del canciller Pablo Quirno y del consulado argentino, al señalar que trabajan en el caso "desde el primer día" y que llevan adelante las gestiones "con responsabilidad y sin show".
Finalmente, la funcionaria insistió en que el objetivo central es uno solo: "Agostina en casa", y cuestionó a quienes —según dijo— "usan el dolor de una familia para hacer política", en medio de la delicada situación que atraviesa la joven.
El caso de Agostina Páez sumó un giro inesperado en las últimas horas: el juez que había avalado su regreso a la Argentina cambió de postura a último momento y ahora pretende que permanezca en Río de Janeiro hasta el fallo definitivo, lo que implicaría una espera de entre 15 y 20 días más.
La decisión cayó mal tanto en la joven como en su entorno, que no pueden creer que el magistrado haya ido en contra de lo planteado por la propia acusación. Según trascendió, la familia considera que se trata de una traba inesperada que la obliga a seguir en un lugar donde ella misma expresó que "siente que la odian".
Frente a este escenario, su abogada, Carla Junqueira, anticipó que presentará un hábeas corpus para revertir la medida y acelerar los tiempos judiciales. Además, aseguró que avanzarán rápidamente con los alegatos finales para evitar que la demora se extienda más de lo previsto.
El cambio de criterio sorprende porque, en la audiencia previa, tanto la Fiscalía como la querella no se opusieron a que Páez regresara al país, siempre que cumpliera con las condiciones impuestas: pagar una multa, resarcir a las víctimas y realizar tareas comunitarias en Santiago del Estero.
Incluso, la acusación había reducido el caso a un delito continuado con pena mínima de dos años, reemplazable por servicios comunitarios. "Nunca en mi vida vi una decisión contra lo que pide la propia acusación", cuestionó la defensa, al remarcar la contradicción del juez, que primero dio señales de autorizar el regreso y luego resolvió lo contrario.
