A horas de la media sanción en el Senado de la reforma laboral, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó los principales alcances de la ley, con foco en indemnizaciones, vacaciones, cargas patronales y el banco de horas.
Destacó que se trata de "la primera reforma laboral aprobada desde la vuelta de la democracia", en un contexto donde "la mitad de los trabajadores en la Argentina son informales" y hace diez años no se generan puestos registrados.
En relación con la denominada "industria del juicio", sostuvo que el problema no radica en el monto base de la indemnización —"un mes de salario por cada año trabajado"— sino en la incertidumbre generada por ciertos fallos. Recordó el caso Piegari, donde el cálculo final se incrementó considerablemente por criterios de actualización que valuaban el dinero "como si se hubiese invertido la plata" a tasas muy elevadas.
"Básicamente se reducen esos márgenes de incertidumbre. Entonces en la reforma se especifica, por ejemplo, que las sentencias se van a actualizar de determinada manera, y no vas a tener una sorpresa por ese lado", afirmó. Y remarcó: "El trabajador no va a perder su indemnización. Tenemos uno de los regímenes en ese sentido más favorables del mundo, pero eso no era un problema sino la incertidumbre asociada a los juicios laborales".
El funcionario también señaló que la norma "apunta a generar distintas maneras de ajustar la modalidad laboral a las formas actuales de trabajo", alejándose del esquema rígido de "8 a 5 todos los días". Citó como ejemplo el aporte de Cristian Ritondo sobre trabajadores de plataformas: "Las propias empresas querían ofrecer seguros y otros beneficios, pero temían quedar encuadradas en una relación laboral típica. Con este cambio, esa situación se busca clarificar".
En materia salarial, cuestionó el modelo centralizado argentino —"es único en el país"— y planteó avanzar hacia lo que definió como "la federalización del trabajo", mediante el principio de "prelación", donde un convenio de empresa pueda prevalecer sobre uno de mayor alcance.
"Cada empresa tenga la posibilidad de ajustarse a su condición", sintetizó, aunque aclaró que los sindicatos por empresa serán necesarios para que el esquema funcione.
Sobre la reducción de cargas patronales, explicó que el Estado resigna recursos y los devuelve a las empresas con la condición de que se mantengan en un fondo que brinde previsibilidad incluso ante despidos. Además, se crea un mecanismo de "refund" para nuevas contrataciones con menor carga impositiva.
Vinculó esta medida con la "contribución de la motosierra", es decir, la baja del gasto público para reducir impuestos. También confirmó cambios en la "ultraactividad" de los convenios y un tope a las contribuciones sindicales, que en algunos casos "alcanzaban hasta el 7% del salario" y ahora se fijan en un límite del 2%. A su vez, el recibo de sueldo reflejará todos los conceptos del costo laboral para transparentar cuánto representa efectivamente un puesto de trabajo.
En cuanto a las licencias por enfermedad, afirmó: "Lo que se hizo —yo lo llamo el tema de los abusos— tiene que ver con las licencias psiquiátricas y otras situaciones similares". Precisó que cuando la enfermedad no guarda relación con el accionar del trabajador, el empleador deberá pagar el 75% del salario, y si se trata de un hecho derivado de una acción personal —como "te lastimaste jugando al fútbol"— la cobertura será del 50%. "La idea es que esto también apunta a reducir, si se quiere, las licencias que se volvían prácticamente eternas", sostuvo.
Finalmente, defendió el fraccionamiento de vacaciones —"la ley pasa a legalizar lo que ya ocurría"— y el banco de horas, aclarando que las horas extra seguirán pagándose como tales cuando excedan los acuerdos de compensación pactados entre empleador y trabajador.
