El Gobierno presentó un recurso extraordinario de per saltum ante la Corte Suprema para que levante la suspensión de más de 80 artículos clave de la reforma laboral, frenados por una cautelar judicial a pedido de la CGT. La presentación fue realizada a través de la Procuración del Tesoro y busca que el máximo tribunal intervenga de manera directa y urgente.
El mecanismo elegido permite saltear instancias judiciales intermedias y llevar el caso directamente a la Corte, en un intento por revertir el fallo del juez laboral Raúl Ojeda. La medida cautelar había suspendido 82 artículos de la ley de "modernización laboral" sancionada por el Congreso, al considerar que su aplicación podría generar daños de difícil reparación.
Desde el Gobierno sostienen que el recurso tiene efecto suspensivo, por lo que la cautelar no debería considerarse firme. En ese sentido, argumentaron que mientras la Corte analiza la admisibilidad del planteo, la sentencia recurrida no puede quedar consolidada. Además, remarcaron la "gravedad institucional" del caso y el impacto nacional de la decisión judicial.
En el escrito, los abogados del Estado señalaron que la cautelar fue dictada por un tribunal "incompetente" y cuestionaron que un juez haya suspendido una ley con efectos generales. También afirmaron que cada día que la medida siga vigente genera un "daño irreparable", por lo que reclamaron una resolución rápida que restablezca la seguridad jurídica.
Por su parte, en su fallo del 30 de marzo, el juez Ojeda había justificado la suspensión al advertir un "peligro en la demora superlativo". Según argumentó, si no se frenaban las normas, podrían producirse consecuencias graves para personas e instituciones, dificultando o incluso imposibilitando una eventual sentencia futura.
