En el documento de entendimiento con el FMI que dio lugar a la liberación de los US$ 1.000 millones que entraron esta semana al Banco Central, el gobierno manifiesta que está trabajando en un plan de reforma tributaria para reducir gradualmente los impuestos distorsivos y para ampliar la base impositiva anulando exenciones y regímenes especiales.
También manifiesta que lo hará en consulta con las provincias ya que esta reforma aumentará la porción de ingresos que por coparticipación va a los gobiernos provinciales y municipales por lo que habría que avanzar también en reformas tributarias a nivel provincial y municipal. Aquí viene un pie de página donde los escribas del FMI aclaran: “Las provincias y los municipios aplican distorsivos impuestos sobre los ingresos brutos”.
Así es como el ministro Luis Caputo hizo público su voluntad de convocar a todos los gobernadores para hablar precisamente de Ingresos Brutos provinciales e Ingresos Brutos municipales (que son las tasas municipales a las ventas).
El planteo del ministro es muy pertinente ya que Ingresos Brutos provinciales y municipales deben ser los dos peores impuestos distorsivos porque son los que más castigan la competitividad. También es correcto asumir que la reforma tributaria es un desafío de los tres niveles de gobierno: Nación, provincias y municipios.
Ahora, surge un riesgo peligroso.
Que el Gobierno nacional y los gobiernos provinciales quieran reeditar el fracasado Consenso Fiscal del 2017. Aquí estamos en el horno.
En este consenso se puso un cronograma de disminución gradual de las alícuotas de Ingresos Brutos que finalmente nunca se cumplió. El resultado fue muy adverso porque muchas provincias aplicaron un aumento inicial a sus alícuotas con el compromiso de ir reduciéndolas con el cronograma. Cronograma que luego el gobierno de Alberto Fernández suspendió. Así las alícuotas de Ingresos Brutos quedaron más altas que antes del consenso.
Lo mejor que puede hacer la Nación y las provincias es olvidarse de cualquier cronograma de disminución de alícuotas. El problema de Ingresos Brutos no son las alícuotas. Sino su efecto cascada, su kafkiana complejidad y los regímenes de pago a cuenta que las provincias imponen –sin preguntar– a las empresas de todo el país, aún cuando la empresa no venda en la provincia que le aplica el pago a cuenta.
Para evitar el colapso fiscal de provincias y municipios su eliminación debería ser a través de su unificación con el IVA creando un Super IVA. Este Super IVA tendrá una alícuota mayor al actual 21% pero también tendrá la virtud que pasará a ser al valor agregado no al precio final del bien. Con lo cual se devuelve a exportadores, se aplica por igual a productos nacionales e importados y también se puede devolver a población vulnerable.
Este Super IVA, además, debería ser atribuido a cada provincia como hoy se atribuye Ingresos Brutos que es 100% para la provincia en caso de transacciones intraprovinciales y 50% para la de origen y 50% para la de destino en transacciones interprovinciales. De esta forma, cada provincia se financiaría con el valor agregado que se genera en su territorio. Gran incentivo para que gobernadores e intendentes se pongan del lado de las empresas para producir valor agregado en su territorio.
Resucitar el Consenso Fiscal del 2017 es asegurar la repetición del fracaso. Para las provincias es muy difícil aplicar una reducción grande de alícuotas y aunque lo hicieran el impacto sobre la competitividad nacional será muy modesto. El camino es el Super IVA que absorba Ingresos Brutos provinciales y municipales.
