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Con la reforma laboral a un paso de su sanción definitiva y un nuevo aumento salarial del 3% para el personal de casas particulares, el sector atraviesa un momento de transición. Mientras las trabajadoras intentan recomponer ingresos frente a una inflación que aún les gana la carrera, los cambios en debate impactan en puntos sensibles como el período de prueba, las indemnizaciones y la actualización de deudas laborales.
En paralelo a la media sanción en Diputados, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares acordó un incremento del 3% en dos tramos (1,5% en febrero y 1,5% en marzo) y convocó a una nueva reunión en abril para discutir la incorporación del pago obligatorio de al menos el 50% de los viáticos. Sin embargo, los salarios continúan rezagados respecto del IPC y el debate de fondo se centra en el nuevo marco legal.
La reforma modifica la Ley 26.844, que regula la actividad y alcanza a más de un millón de personas en todo el país, un sector históricamente marcado por la informalidad. El cambio más relevante es la extensión del período de prueba de 30 días a seis meses en los contratos por tiempo indeterminado. Durante ese lapso, cualquiera de las partes podrá extinguir la relación sin expresión de causa y sin derecho a indemnización. La norma aclara que no podrá utilizarse más de una vez con la misma trabajadora.
Otro punto clave es la formalización del pago. A partir de la reforma, el recibo de sueldo deberá emitirse exclusivamente en formato electrónico, mediante el sistema que determine ARCA, y la constancia bancaria será prueba suficiente de pago. Se refuerza así la bancarización y la trazabilidad de la relación laboral, en línea con el proceso de digitalización del régimen.
También se introducen cambios en la provisión de ropa de trabajo y en la actualización de créditos laborales. Durante el período de prueba seguirá siendo obligatoria la entrega de indumentaria en especie, pero una vez superados los seis meses podrá reemplazarse por una suma no remunerativa. En cuanto a eventuales deudas, los créditos se actualizarán por la variación del IPC más una tasa pura del 3% anual, bajo criterios similares a los de la Ley de Contrato de Trabajo. La jornada máxima, los descansos y la obligación de contratar ART se mantienen sin modificaciones.
