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title: "Contrabando en Argentina: el comercio ilegal ya equivale al 5% del PBI"
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description: "Un estudio de ASIPI estima que el comercio ilícito equivale al 5,06% del PBI argentino y podría subir al 5,22% en 2028. Los sectores más afectados."
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date_published: "2026-07-28T10:11:00-03:00"
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  - "ASIPI"
  - "PBI"
  - "SINNETIC"
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# Contrabando en Argentina: el comercio ilegal ya equivale al 5% del PBI

![683de1838c01d__950x512](https://statics.eleconomista.com.ar/2025/06/crop/683de1838c01d__950x512.webp)

El contrabando y la falsificación dejaron de ser fenómenos marginales en la Argentina. Su peso ya equivale a cerca del 5% del Producto Bruto Interno y podría seguir creciendo durante los próximos años.

Así lo advierte un estudio encargado por la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI), que analizó el impacto económico y social del comercio ilícito en Brasil, Argentina, México, Ecuador y Guatemala.

El trabajo, desarrollado por la consultora SINNETIC, concluye que el comercio ilegal afecta la recaudación tributaria, reduce la competitividad de las empresas formales, desalienta la innovación y expone a los consumidores a productos que no cumplen con los controles de calidad y seguridad.

## El comercio ilegal representa el 5% del PBI argentino

El modelo econométrico utilizado en el informe estima que el comercio ilícito representó el 5,06% del PBI argentino en 2023. Para 2028, proyecta que esa participación podría aumentar levemente hasta el 5,22%.

El avance parece reducido, pero confirma que se trata de un problema estructural y difícil de erradicar. El comercio ilegal no se limita al ingreso clandestino de mercadería por las fronteras: también comprende falsificación, adulteración, piratería y venta informal de productos.

El dato del 5% debe leerse como una estimación del modelo elaborado para el estudio y no como una medición oficial de las cuentas nacionales. De hecho, el propio documento también cita cálculos de cámaras empresariales y consultoras privadas que ubican a la economía ilícita entre el 2% y el 4% del PBI.

La diferencia refleja una de las principales dificultades para dimensionar el fenómeno: gran parte de estas operaciones permanece deliberadamente fuera de los registros oficiales.

## Inflación, impuestos e informalidad: las causas del contrabando

El informe identifica una combinación de factores que facilita la expansión del comercio ilegal en Argentina: inflación, presión tributaria, informalidad laboral, deterioro del poder adquisitivo, debilidad institucional y escasa capacidad para aplicar las leyes de propiedad intelectual.

La pérdida de ingresos reales empuja a una parte de los consumidores hacia productos más baratos, incluso cuando conocen su origen ilegal o dudan de su calidad.

**Al mismo tiempo, la elevada carga tributaria genera fuertes diferencias de precios con los países vecinos. El caso más evidente es el del tabaco: según el estudio, los cigarrillos pueden costar hasta tres veces más en Argentina que en Paraguay, mientras que los impuestos llegan a representar hasta el 80% del precio final.**

Esa brecha alimenta el contrabando desde Paraguay y Bolivia y vuelve especialmente vulnerables a las provincias del norte argentino, donde el Gobierno ya decidió reforzar los controles fronterizos.

El documento también señala que la informalidad laboral alcanzó niveles récord y limita la competitividad de las compañías legales.

Las empresas que pagan impuestos, registran a sus trabajadores e invierten en diseño, patentes, controles sanitarios y publicidad deben competir con vendedores que operan por fuera de todas esas obligaciones.

## Alimentos, bebidas, tabaco y ropa: los sectores más afectados

El comercio ilícito atraviesa buena parte del consumo cotidiano de los argentinos.

Los alimentos frescos y procesados, las bebidas alcohólicas y la vestimenta aparecen entre las categorías con mayor penetración y frecuencia de consumo ilegal.

El tabaco, por su parte, presenta una incidencia especialmente alta debido a la recurrencia de compra y a la diferencia de precios con los países limítrofes.

En vestimenta y calzado, el estudio calcula una penetración ilícita superior al 45%. Las cámaras textiles deberían, según ASIPI, mostrar con mayor claridad cómo la falsificación y la venta informal afectan a la producción nacional y destruyen puestos de trabajo registrados.

Las autopartes y los artículos de cuero también presentan una elevada penetración, aunque con una frecuencia de compra menor. En tanto, los cosméticos, medicamentos, juguetes y bebidas sin alcohol ocupan una zona de riesgo intermedio.

En estos últimos casos, el problema no es solamente económico. Un medicamento falsificado, una bebida adulterada o un repuesto que no cumple con las normas técnicas puede provocar graves daños a la salud y la seguridad de los consumidores.

## "Es un robo socialmente aceptado"

"Este estudio confirma que la falsificación no es únicamente un problema de propiedad intelectual: afecta la inversión, el empleo formal, la innovación y la confianza de los consumidores", afirmó Matías Noetinger, presidente de ASIPI.

**Según explicó, combatir el comercio ilícito requiere una estrategia coordinada entre el Estado, las empresas y la Justicia, con controles más eficaces, sanciones efectivas y una mayor concientización sobre las consecuencias de comprar productos falsificados.**

"Determinadas industrias están impactadas principalmente: aquellas más activas en marcas, donde las marcas tienen más fuerza y donde la diferencia de precio y de producción entre un producto ilegal y un producto legal es abismal. Ahí es donde surgen los grandes réditos económicos del comercio ilegal y la falsificación marcaria", remarcó.

Para Noetinger, el daño se distribuye entre varios actores. Las empresas pierden ventas y recursos invertidos en innovación; el Estado deja de recaudar impuestos; los trabajadores formales quedan expuestos a la competencia desleal; y los consumidores reciben productos de calidad inferior.

"Es un robo que la gente hace de forma socialmente aceptada", sentenció.

## Qué propone el informe para reducir el comercio ilegal

El estudio sostiene que no existe una única solución y recomienda avanzar con una estrategia integral.

Para la Argentina, propone revisar la estructura tributaria de los productos más afectados por el contrabando, fortalecer los controles en la frontera norte y en la Hidrovía Paraná-Paraguay, agilizar los procesos judiciales y crear equipos especializados para detectar ventas ilegales en redes sociales y plataformas de comercio electrónico.

El crecimiento de los canales digitales abrió una nueva dimensión del problema. Las plataformas permiten llegar a millones de consumidores, pero también son utilizadas por redes dedicadas a comercializar productos falsificados.

El informe también plantea implementar sistemas de trazabilidad y autenticación mediante códigos QR dinámicos, hologramas u otras herramientas digitales que permitan verificar el origen de los productos.

Las marcas y cámaras empresariales, por su parte, deberían compartir información con Aduana y las fuerzas de seguridad, desarrollar mecanismos comunes de denuncia y generar estadísticas periódicas sobre las pérdidas económicas, fiscales y laborales.

**También propone impulsar una mayor coordinación dentro del Mercosur para establecer criterios comunes en materia de sanciones, especialmente en los sectores más afectados: tabaco, autopartes, vestimenta, alimentos y bebidas.**

## Un problema que va mucho más allá de las marcas

La principal conclusión del trabajo es que la falsificación y el contrabando no deben ser considerados solamente una violación de los derechos de propiedad intelectual.

El comercio ilegal reduce la recaudación, debilita el empleo formal, desalienta la inversión y consolida circuitos económicos que operan por fuera de los controles estatales.

El fenómeno se desarrolla, además, en un mercado laboral en el que casi un millón de empleos asalariados desaparecieron y una parte de los trabajadores desplazados terminó refugiándose en actividades informales.

También instala una paradoja difícil de resolver: mientras el consumidor busca proteger su bolsillo comprando un producto más barato, esa misma decisión puede terminar afectando el financiamiento del Estado, la producción nacional, el empleo registrado y su propia seguridad.

Por eso, advierte ASIPI, enfrentar el contrabando en Argentina requiere reducir los incentivos económicos que lo alimentan, mejorar los controles y romper con una tolerancia social que convirtió a la compra de productos ilegales en una práctica cada vez más normalizada.

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